La vida del hombre es un traslúcido contraste entre lo azaroso del camino por el cual transita, y lo complicado de la ruta recorrida. La diferencia entre ambos entornos, estriba en el costo de asumir cada uno. Aunque los mismos, en tanto que circunstancias, demandan un esfuerzo que, sin embargo, enfrentarlo no resulta nada gratuito. Tiene un costo que si bien no representa erogación alguna, tiene un precio el cual oscila entre bandas determinadas por razones relacionadas con valores que se tienen en medio de toda situación que exija del ser humano alguna cuota de sacrificio, apetencia y de riesgo.
En el fragor del juego político, no es fácil entender esta situación en la que se ponen a prueba la osadía y la voluntad para internarse por sendas que pueden lucir desconocidas. Sobre todo, cuando se estima que recorrerlas puede representar una proeza. Pero que no por gran “hazaña” que pueda ser, se convierte en una apuesta cuyo derrotero constituye un acontecido fracaso. Pudiera configurar toda una “conveniencia” capaz de compensarse y redimirse a manera de traducirse en un hecho significativo y valorable. Pero son pocos los ejemplos que en este sentido son advertidos. Generalmente, la vida política es algo traicionera cuando las intenciones por escalar más arriba de lo que las condiciones permiten, se pronuncian con la fuerza que las tentaciones invitan.
Esto puede semejarse con un sencillo ejercicio de economía basado en lo que la ley de la oferta y la demanda, explica. Pero en un contexto de actitudes envueltas por compromisos de pervertida naturaleza. Por eso, todo juego político termina siendo un acuerdo bastante solapado entre factores y razones de poder. Por supuesto, en el fragor de una coyuntura disfrazada de normalidad. Pero, a instancia de quienes se prestan a negocios de esta índole acordados por tan roñoso juego.
Así se tiene que quienes negocian bajo este tipo de intereses, entienden que su objetivo se encuadra en un ámbito donde lo que se persigue es potenciar el peculio personal. Indistintamente del modo o vía para hacerse de recursos que posibiliten un contundente ascenso económico y por tanto, social. Sobre todo, cuando el asedio de una crisis económica, como la que ahora se padece en Venezuela, incita decisiones de cualquier naturaleza. Particularmente, de aquellas que se enjugan en corrupciones de cualquier tipo. O en decisiones que involucran fabulosas mejoras salariales. O que son figurativas de un nivel bastante por encima de lo esperado.
Justamente, lo que recién aconteció en el plano militar cuyo personal fue beneficiado ventajosamente con niveles salariales que si bien pudieran corresponderse con algunas necesidades de naturaleza económica, reflejan un diferencial importante con los sueldos de hambre del resto de los sectores laborables del país. Tal es la desigualdad que se establece entre sueldos de miseria y los sueldos militares. Los primeros son calamitosos. Mientras que los segundos, son de estímulo en virtud del aliciente que significa el incremento ordenado ejecutivamente. Sin embargo, el problema no es exactamente el expuesto por el aumento decretado en medio de la conflictiva precariedad que la población civil trabajadora venezolana sobrelleva. O sea, el que caracteriza el salario de profesionales de la salud, de la docencia y demás servicios prestados por el Estado venezolano desde su estructura de gestión de gobierno.
El problema gravita en una acepción del concepto de lealtad el cual, desde la política, conlleva torceduras morales y éticas definidas por circunstancias inducidas desde un gobierno cuyo interés descansa en la apetencia que despierta vivir desde el poder, por el poder y para el poder. De manera que esa lealtad concebida desde la política, no siempre se asume como referente de conciencia y emulación de fidelidad. Principalmente, cuando la lealtad así entendida no s acopla a principios para los cuales la verdad y la honestidad constituyen cimientos de imperecedera consistencia.
El caso que comporta un gobierno contaminado de corrupción, descrédito y perversidad, es aquel bajo cuya égida de presunto acatamiento constitucional, se envilecen los valores que fundamentan libertades. La lealtad no significa nada en medio de un ambiente donde se cercenen las garantías que convidan al hombre a actuar en consonancia con los derechos que exaltan la vida, el honor y el respeto como condiciones que exhortan la dignidad humana. Mucho menos, cuando intereses sumidos en la inmoralidad, buscan en la voracidad enquistarse en el poder a costa de lo que fuere. Y es ahí cuando altos funcionarios se dan a la retorcida tarea de comprar lealtades consignando vil dinero a cuenta de obtener el apoyo que la indecencia política requiere para enquistarse en el poder. Es cuando tiene cabida la pregunta: en política, ¿cuánto cuesta la lealtad?
