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Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difÃcil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacÃfica hacia un sistema democrático. Pero también podrÃa correr mucha sangre.
Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberÃan centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacÃfica podrÃa depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder.
El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de generales venezolanos discutÃan sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estarÃa dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros preso.”
Hasta hace poco, estos oficiales no tenÃan motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión e incluso manipularon causas penales contra vÃctimas.
Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputarÃa a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro.Â
¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador.
Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos polÃticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes.
Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrÃan terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión ni que los generales teman terminar en la cárcel.
En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberÃan añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podrÃa intensificar la preocupación de los generales que podrÃan ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces.
En pasadas crisis polÃticas en América latina era usual que algunos abogaran por amnistÃas sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional deberÃa ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el dÃa que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.
