¡Borrón y Cuenta Nueva!, por Francisco J. Quevedo

Constitución

 

Ante la inoperancia del modelo, y en especial, enfrentando un juego trancado, a pesar de la inmensa crisis que sufrimos los venezolanos, habría que pensar qué hubiese pasado si al recolectar las dos millones de firmas por el Referendo Revocatorio que fueron consignadas al CNE, la oposición hubiese dado el paso de recoger en paralelo un poco más para solicitar una Asamblea Nacional Constituyente. Algo como “si pelo el chingo, agarro el sin nariz…”

Si el Gobierno, y sus poderes, secuestrados por demás, tuviera esa chapita en el hombro, otro gallo cantaría, porque en lugar de proponer negociar liberaciones de presos polìticos a cambio del Revocatorio, como sugirió Rodríguez Zapatero, hubiese tenido que negociar este, el Referendo, a cambio de un borrón y cuenta nueva que no solo sacaría a Maduro, sino al TSJ y a quien se le atraviese. Una Constituyente lo cambia todo.

Es inapelable: En efecto, el Artículo 349 de la Constitución Bolivariana dice muy claramente que “el Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución” y que “los poderes constituidos”, léase el TSJ, el CNE, ni nadie, “podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.” Así que la opción, de tener las firmas, sería, me voy yo o nos vamos todos, y habría que ver cuántos Magistrados, Jueces, Jefes de Gobierno, y demás burócratas designados a dedo dirían que lo acompañan barranco abajo.

El Artículo 347 de la precitada Carta Magna precisa que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, tal como hicieran Chávez y los suyos al llegar al poder, dando cabida a esta la Constitución del 99, mancillada por demás.

El Artículo 348 de “la bicha”, como tan cariñosamente la llamaba el Comandante, con su discurso burdelesco, establece que “la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros” que no lo va a hacer porque haría como Chacumbele, “la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes” y por eso es que el TSJ mantiene a raya a los tres diputados opositores de Amazonas, para que esa mayoría no se consagre, “los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos” que siguen siendo mayoritariamente rojos rojitos, y… léase bien… “el quince por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral”, eso es, unas tres millones de firmas que no pararía nada ni nadie.

No es solo la Constitución la que establece este derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”, cosa que reafirman tanto la Carta Democrática Interamericana que “como sea” quiere evitar el Gobierno, como diferentes pactos y acuerdos de los cuales es signataria Venezuela.

Que el modelo no sirve lo probó Maduro, a quien Chávez le dejó la cosa colgando de un hilo. Que no quiere ser revocado, lo dice a los cuatro vientos. ¿Pero qué harían él y sus poderes contra una iniciativa ciudadana, originaria? Si en tres días se recaudaron más de dos millones de firmas, un par de dìas más, si acaso, nos hubiesen puesto el machete en la mano, con planillas originarias que no tienen por qué ser suministradas por el CNE, y “donde hay tigre amarrao’ no hay burro con reumatismo” como reza el dicho. Te vas tú o se van todos.

 

@qppasociados

Constitución

 

Ante la inoperancia del modelo, y en especial, enfrentando un juego trancado, a pesar de la inmensa crisis que sufrimos los venezolanos, habría que pensar qué hubiese pasado si al recolectar las dos millones de firmas por el Referendo Revocatorio que fueron consignadas al CNE, la oposición hubiese dado el paso de recoger en paralelo un poco más para solicitar una Asamblea Nacional Constituyente. Algo como “si pelo el chingo, agarro el sin nariz…”

Si el Gobierno, y sus poderes, secuestrados por demás, tuviera esa chapita en el hombro, otro gallo cantaría, porque en lugar de proponer negociar liberaciones de presos polìticos a cambio del Revocatorio, como sugirió Rodríguez Zapatero, hubiese tenido que negociar este, el Referendo, a cambio de un borrón y cuenta nueva que no solo sacaría a Maduro, sino al TSJ y a quien se le atraviese. Una Constituyente lo cambia todo.

Es inapelable: En efecto, el Artículo 349 de la Constitución Bolivariana dice muy claramente que “el Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución” y que “los poderes constituidos”, léase el TSJ, el CNE, ni nadie, “podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.” Así que la opción, de tener las firmas, sería, me voy yo o nos vamos todos, y habría que ver cuántos Magistrados, Jueces, Jefes de Gobierno, y demás burócratas designados a dedo dirían que lo acompañan barranco abajo.

El Artículo 347 de la precitada Carta Magna precisa que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, tal como hicieran Chávez y los suyos al llegar al poder, dando cabida a esta la Constitución del 99, mancillada por demás.

El Artículo 348 de “la bicha”, como tan cariñosamente la llamaba el Comandante, con su discurso burdelesco, establece que “la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros” que no lo va a hacer porque haría como Chacumbele, “la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes” y por eso es que el TSJ mantiene a raya a los tres diputados opositores de Amazonas, para que esa mayoría no se consagre, “los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos” que siguen siendo mayoritariamente rojos rojitos, y… léase bien… “el quince por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral”, eso es, unas tres millones de firmas que no pararía nada ni nadie.

No es solo la Constitución la que establece este derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”, cosa que reafirman tanto la Carta Democrática Interamericana que “como sea” quiere evitar el Gobierno, como diferentes pactos y acuerdos de los cuales es signataria Venezuela.

Que el modelo no sirve lo probó Maduro, a quien Chávez le dejó la cosa colgando de un hilo. Que no quiere ser revocado, lo dice a los cuatro vientos. ¿Pero qué harían él y sus poderes contra una iniciativa ciudadana, originaria? Si en tres días se recaudaron más de dos millones de firmas, un par de dìas más, si acaso, nos hubiesen puesto el machete en la mano, con planillas originarias que no tienen por qué ser suministradas por el CNE, y “donde hay tigre amarrao’ no hay burro con reumatismo” como reza el dicho. Te vas tú o se van todos.

 

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Ante la inoperancia del modelo, y en especial, enfrentando un juego trancado, a pesar de la inmensa crisis que sufrimos los venezolanos, habría que pensar qué hubiese pasado si al recolectar las dos millones de firmas por el Referendo Revocatorio que fueron consignadas al CNE, la oposición hubiese dado el paso de recoger en paralelo un poco más para solicitar una Asamblea Nacional Constituyente. Algo como “si pelo el chingo, agarro el sin nariz…”

Si el Gobierno, y sus poderes, secuestrados por demás, tuviera esa chapita en el hombro, otro gallo cantaría, porque en lugar de proponer negociar liberaciones de presos polìticos a cambio del Revocatorio, como sugirió Rodríguez Zapatero, hubiese tenido que negociar este, el Referendo, a cambio de un borrón y cuenta nueva que no solo sacaría a Maduro, sino al TSJ y a quien se le atraviese. Una Constituyente lo cambia todo.

Es inapelable: En efecto, el Artículo 349 de la Constitución Bolivariana dice muy claramente que “el Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución” y que “los poderes constituidos”, léase el TSJ, el CNE, ni nadie, “podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.” Así que la opción, de tener las firmas, sería, me voy yo o nos vamos todos, y habría que ver cuántos Magistrados, Jueces, Jefes de Gobierno, y demás burócratas designados a dedo dirían que lo acompañan barranco abajo.

El Artículo 347 de la precitada Carta Magna precisa que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, tal como hicieran Chávez y los suyos al llegar al poder, dando cabida a esta la Constitución del 99, mancillada por demás.

El Artículo 348 de “la bicha”, como tan cariñosamente la llamaba el Comandante, con su discurso burdelesco, establece que “la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros” que no lo va a hacer porque haría como Chacumbele, “la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes” y por eso es que el TSJ mantiene a raya a los tres diputados opositores de Amazonas, para que esa mayoría no se consagre, “los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos” que siguen siendo mayoritariamente rojos rojitos, y… léase bien… “el quince por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral”, eso es, unas tres millones de firmas que no pararía nada ni nadie.

No es solo la Constitución la que establece este derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”, cosa que reafirman tanto la Carta Democrática Interamericana que “como sea” quiere evitar el Gobierno, como diferentes pactos y acuerdos de los cuales es signataria Venezuela.

Que el modelo no sirve lo probó Maduro, a quien Chávez le dejó la cosa colgando de un hilo. Que no quiere ser revocado, lo dice a los cuatro vientos. ¿Pero qué harían él y sus poderes contra una iniciativa ciudadana, originaria? Si en tres días se recaudaron más de dos millones de firmas, un par de dìas más, si acaso, nos hubiesen puesto el machete en la mano, con planillas originarias que no tienen por qué ser suministradas por el CNE, y “donde hay tigre amarrao’ no hay burro con reumatismo” como reza el dicho. Te vas tú o se van todos.

 

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