Informe Otálvora: De cómo Obama minimizó a Chávez diciendo que no era amenaza para EE.UU.
Informe Otálvora: De cómo Obama minimizó a Chávez diciendo que no era amenaza para EE.UU.

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El expresidente venezolano Hugo Chávez le entrega al presidente estadounidense Barack Obama una copia del libro de Eduardo Galeano, «Las venas abiertas de América Latina» 2009 FOTO: Associated Press

Redimensionar el peligro que Hugo Chávez podía representar para EE.UU. habría sido una decisión del gobierno de EEUU a la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca en 2009. En una entrevista-reportaje de la edición abril de la revista The Atlantic, Obama afirma que en la primera Cumbre de las Américas a la cual asistió (Trinidad & Tobago 19ABR09) “Chávez era la figura dominante en las conversaciones”. Agrega Obama: “Nosotros tomamos la decisión estratégica de no tratar a Chávez como a un adversario gigante de 10 pies de altura y darle el correcto tamaño al problema y afirmar ´no nos gusta lo que ocurre en Venezuela pero no es una amenaza para EEUU´…”. La decisión sobre Chávez formó parte del plan de Obama para buscar “neutralizar” “el anti-americanismo” en la región.

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El 04MAR16 el presidente de EEUU emitió una orden de continuidad por un año, para la orden ejecutiva del 09MAR15 mediante la cual impuso sanciones a funcionarios del gobierno venezolano señalados por violaciones de derechos humanos. La renovación fue realizada por la Casa Blanca de forma automática, sin anuncios de prensa, bajo el criterio de que no se han producido cambios positivos en la situación política en Venezuela en materia de DDHH. El tema no fue siquiera tratado en las diarias ruedas de prensa del Departamento de Estado de EEUU, demostrando la poca relevancia que Obama está asignando al gobierno de Nicolás Maduro como interlocutor internacional. En tanto, la renovación de las sanciones activó una nueva campaña del gobierno chavista de propaganda doméstica e internacional, similar a la ejecutada en 2015, bajo el argumento de que Venezuela no es una amenaza para EEUU. Raúl Castro, por su parte, prometió a Maduro que trataría el tema con Obama durante su visita a La Habana el 20MAR16. El tema habría sido el motivo de una rápida visita de la canciller de Maduro a La Habana, el  11MAR16, durante la cual fue recibida por Raúl Castro.

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Maduro anunció que procedería a revisar sus relaciones con EEUU. Esa “revisión” se concretó el 09MAR16 cuando, con el sarcófago de Simón Bolívar como escenografía, Maduro afirmó que “la Venezuela bolivariana retira su embajador de Washington”, lo que erróneamente fue interpretado por algunos medios de prensa como una virtual ruptura diplomática con EEUU. El anuncio causó sorpresa en el Departamento de Estado y sorna entre la comunidad diplomática en Caracas, ya que Maduro no puede retirar a su Embajador en EEUU porque Venezuela no tiene Embajador en EEUU desde 2010. A mediados del 2014, Maduro solicitó a EEUU la aceptación de uno de los operadores internacionales del chavismo, Maximilian Arveláez, como Embajador ante la Casa Blanca. Sin atender a  prácticas diplomáticas usuales y sin esperar el obligatorio asentimiento (placet) previo, Maduro envió a Arveláez a Washington con rango de “ministro consejero” y funciones de “encargado de negocios a.i.” de la Embajada. Transcurridos dos años, EEUU no ha emitido un pronunciamiento sobre Arveláez, lo cual se entiende en el ceremonial mundial como una negativa. Maduro, en la práctica, no “retiró” a su “encargado de negocios”, simplemente lo cambió por otro. Sin mayores armas para confrontar a Obama y prisionero de la política de Raúl Castro hacia EEUU, Maduro intentó hacer un bluf.

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A pocas horas del interrogatorio policial al que fue sometido el expresidente Lula da Silva el 04MAR16 en São  Paulo, el gobierno cubano emitió el 06MAR16 un largo comunicado sobre la situación política interna de Brasil. El texto oficial de la Cancillería cubana calificó las investigaciones policiales por corrupción a Lula como un “ataque contra la Constitución y la democracia en Brasil” que buscaría “descalificar a una de las organizaciones políticas más combativas de la región”.

La cancillería de Raúl Castro emitió opinión sobre el proceso de enjuiciamiento político (impeachment) que la oposición brasileña intenta contra la Presidente brasileña y lo califica como “intento de golpe parlamentario” para “derrocar al gobierno legítimo de la presidenta Rousseff”. El impeachment es una figura de la Constitución brasileña el cual, con entusiasta apoyo del propio Lula fue instaurado contra el presidente Fernando Collor de Mello en 1992 e intentado, por el partido de propio Lula, Fernando Henrique Cardoso en varias ocasiones. Según el PT, copiando el tono cubano, la actual solicitud de impeachment contra su gobierno sería un golpe de Estado.

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Cuba atacó directamente las instancias judiciales que siguen los casos de corrupción vinculados con Lula y Rousseff. “Con estos métodos sucios, sectores de los aparatos policiales, legislativos y judiciales de algunos Estados de nuestra región, en estrecha alianza con grupos transnacionales de la comunicación, las oligarquías y el imperialismo, pretenden imponer por la fuerza a los pueblos lo que no han sido capaces de ganar en las urnas”. La cancillería brasileña se ha mantenido muda ante el pronunciamiento cubano. Esta línea de propaganda comenzó a ser repetida por Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro y por el Secretario General de Unasur Ernesto Samper siguiendo al documento de la cancillería cubana. Samper tuiteó el 10MAR16 “reitero con vehemencia mi llamado para q sean respetadas las garantías constitucionales del ex presidente Lula”…

Aparte de su “análisis” de la situación de su socio Lula, el régimen cubano enunció una línea política para Brasil: “que el pueblo trabajador de Brasil cerrará filas en su defensa, resaltando que ya “organizaciones populares, sindicatos y movimientos sociales han salido a las calles”.

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El 24FEB15, durante un acto con sindicatos prooficialistas en  Río de Janeiro, Lula se refirió a las investigaciones por corrupción en Petrobras que comenzaban a impactar en Rousseff. “Yo quiero paz y democracia pero ellos no quieren y nosotros sabemos pelear también, sobre todo cuando el Stédile ha colocado su ejército de nuestro lado…”. Lula develaba así que utilizaría al líder del radical Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, João Pedro Stédile, para “pelear” por el gobierno de su pupila. Un año después, el 04MAR16, mientras Lula declaraba ante fiscales e investigadores policiales en la sala VIP del aeropuerto de Congonhas, el presidente del PT, Rui Falcão, emitió un video llamando a sus militantes a la movilización de calle. Lula, tras ser liberado por la Policía Federal, en una rueda de prensa, acusó a los medios de comunicación de practicar un “enjuiciamiento mediático” y retó a las autoridades: “si me quieren derrotar, me tendrán que enfrentar en las calles de este país”.

La amenaza de Lula comenzó a concretarse pronto. El 08MAR16, en Goiânia, capital del estado de Goiás, decenas de manifestantes encapuchados identificados con símbolos del MST invadieron el edificio del Grupo Jaime Câmara desde donde opera una estación de radio, dos periódicos y un canal de Tv asociado con Cadena Globo. Ese mismo día, militantes del PT violentó el acto del “Día de la Mujer” en la cámara municipal de Maringá (estado de Paraná) en el cual rendían homenaje a la educadora Odete Starke Moro de 70 años de edad. La homenajeada es madre de  Sérgio Moro, el juez federal que encabeza el proceso de investigación “Lava Jato” sobre corrupción en Petrobras.

Tras las declaraciones de Falcão y Lula el 04MAR16, corrió la versión según la cual altos mandos militares habrían entrado en comunicación con el gobernador del estado de São  Paulo, el opositor Geraldo Alckmin, con el fin de anunciarle su disposición para reprimir actos de violencia de los seguidores de Lula. Llamadas similares habrían sido recibidas por otros gobernadores. Según un analista de temas militares brasileño consultado, “el Ejército brasileño está oficialmente tranquilo pero extraoficialmente está monitoreando electrónicamente al MST y sus derivados”.

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Luego de su interrogatorio policial, Lula se aprontaba a una gira política nacional con actos de masas en cada capital. Igualmente, iniciaría personalmente negociaciones con el partido PMDB, principal sustento político del gobierno Rousseff en el Congreso y el cual estaría pronto a abandonar la alianza. Antes de materializarse, el plan de Lula sufrió dos golpes a manos de antiguos aliados políticos y de la fiscalía paulista.

El 08MAR, Lula arribó a Brasilia y programó para el día siguiente un desayuno con líderes del PMDB y un almuerzo con Rousseff. Lula fracasó en su intento de amainar la intensión del PMDB de abandonar el gobierno. Esa misma noche, en la residencia del senador y empresario opositor Tasso Jeireissati en Brasilia, altos dirigentes del oficialista PMDB y del opositor PSDB acordaron acercar posiciones en lo que pudiera significar un inminente paso para concretar la destitución de Rousseff.

El 11MAR16, el Ministerio Público de São Paulo solicitó a un juez el encarcelamiento preventivo de Lula, acusándolo de haber ocultado la propiedad de un apartamento playero cuya reparación fue paga por una contratista de Petrobras. Se trata sólo de una de varias investigaciones seguidas a Lula por corrupción. Según los fiscales acusadores, Lula posee “poder de Expresidente de la República lo que hace extremadamente simple la posibilidad de su evasión”, por lo cual pidieron encarcelamiento o prohibición de salida del país. Para la esposa de Lula, dona Marisa Leticia y a su hijo Fábio Luiz, los fiscales solicitaron enjuiciamiento en libertad con retiro de sus pasaportes. El documento del Ministerio Público entregado a la  4ª Vara Criminal de São Paulo acusa a Lula y sus seguidores de “maniobras violentas con defensa pública y apoyo hasta de la Presidente de la República, medidas que sólo tienen por objeto blindarlo o convertirlo en ciudadano encima de la ley”.

La solicitud de detención a Lula coincidió con el ofrecimiento hecho por Rousseff  a su mentor político para designarlo como Jefe de la Casa Civil, cargo con rango ministerial. De concretarse, los procesos judiciales contra Lula dejarían de ser considerados en Curitiba y São  Paulo para ser entregados al Supremo Tribunal Federal en Brasilia, con eventuales ventajas procesales para el acusado.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas