¿Para qué sirven las cláusulas democráticas en Venezuela?

Esta semana quiero resaltar dos aspectos de suma importancia no sólo por la debilidad que están mostrando los organismos regionales veedores de la democracia interamericana, sino también, la situación de omisión del estado venezolano en respetar los principios fundamentales de cualquier democracia sana, a saber, el respeto a los derechos humanos y separación de poderes, entre otros puntos importantes.

Por un lado, seguimos presenciando la clara violación a los derechos humanos que se está ejecutando en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, debido no sólo a la falta de atención por sus problemas de salud que resultan ser bastante serios, sino también, por su injusta encarcelación y la interferencia política por parte del ejecutivo nacional, en seguir vulnerando los principios básicos de la independencia del poder judicial. Aquí hay dos problemas que subyacen en el panorama general: centralismo y personalismo de poder, ergo, falta de separación de poderes, y transgresión de los derechos humanos, no exclusivo por supuesto y lamentablemente en la figura de la jueza Afiuni, sino también, de otras figuras, personas e individuos que sobrellevan injustamente privación de libertad, sin que sus casos sean tan conocidos por la comunidad internacional.

El caso ha desconcertado incluso a aquellos actores que en el pasado simpatizaron de una manera muy desprendida con el gobierno de Hugo Chávez. Tal es el caso del ex Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, el cual  solicitó esta semana a Chávez, la libertad de la Jueza Afiuni al igual que lo hiciera Amnistía Internacional, organización que hizo público el pasado 10 de diciembre, un comunicado exhortando su liberación y pidiendo al gobierno venezolano, asegurar de forma irrefutable y pública, el respeto a la labor de los practicantes de la justicia, así como, garantizar la independencia del poder judicial. Hasta el momento el gobierno venezolano no se ha dado por aludido.

Por otro lado, el gobierno de Hugo Chávez ha contado hasta ahora con tres leyes habilitantes. La primera por seis meses en 1999, por un año en el 2000, y por año y medio entre 2007-2008 para un total de 100 leyes aprobadas con este fascinante poder especial. En días recientes el presidente volvió a solicitar a la Asamblea Nacional la activación de una ley habilitante, algo que en el tiempo que le resta al poder legislativo en funciones, parece estar fuera de ley. Lo escabroso de todo esto es que el gobierno está pasando por encima de la voluntad general que decidió el 26 de septiembre renovar el color y la uniformidad política de la asamblea, y la idea de concretar lo que no pudo lograr con el proyecto de reforma constitucional del 2007.

Mi pregunta luego de todo esto es ¿Para qué quedan los protocolos y las cláusulas democráticas de la Unasur y la OEA, los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o  los principios básicos de la ONU de 1985 relativos a la independencia de la judicatura? ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional condene al gobierno venezolano y la falta de obligaciones democráticas? Nos preocupamos si hay golpes de estado pero no cuando hay falta de garantías constitucionales y deterioro de los principios y calidad de las democracias. Las elecciones no bastan.

Muchas rúbricas de Chávez permanecerán en el papel, tal es el caso de la Carta Interamericana Democrática y el Protocolo Democrático de Unasur, documentos que se ufanó de promover en 2001 y 2010, respectivamente,  pero el ejercicio efectivo de estos compromisos están quedando en el aire.

Adriana Boersner Herrera

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