El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la desaparición del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Rohyner Javier Ramírez Martínez, ocurrida el pasado 01 de agosto.
El funcionario, de 24 años, se encontraba recluido en el Centro de Detención para Privados de Libertad (Zona 7) de la PNB en Boleíta, por órdenes del Juzgado Cuarto (4°) de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
Su madre, Blanca Martínez, relató a Provea que a las cinco de la madrugada del viernes 01 de agosto, presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron a la celda donde se encontraba Ramírez y sin mostrar una orden de traslado expedida por un Tribunal, se lo llevaron.
“Temo por la vida, integridad y estado físico de mi hijo, pues estaríamos en presencia de una desaparición forzosa”.
— PROVEA (@_Provea) August 25, 2025
Así dijo Blanca del Carmen Martínez quien acudió a Provea para denunciar la desaparición forzada de su hijo, ROHYNER Javier RAMÍREZ Martínez, ocurrida el pasado… pic.twitter.com/a77Hetwc6a
Paradero desconocido
Según reseña Provea, Blanca Martínez ejerció una acción de Hábeas Corpus ante los Tribunales Penales de Caracas para exigir a las autoridades judiciales determinar el paradero de su hijo ante el riesgo para la vida e integridad personal del joven.
“Temo por la vida, integridad y estado físico de mi hijo, pues estaríamos en presencia de una desaparición forzosa”, expresó la madre del funcionario.
Asimismo, denunció la situación ante el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y ha visitado distintos centros de reclusión en Caracas, incluyendo las sedes de la DGCIM y el SEBIN, sin obtener respuestas.
Provea recordó que la desaparición forzada no sólo constituye un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que “extiende la sensación de miedo e indefensión sobre sus familiares quienes no tienen certeza sobre el paradero y las condiciones de salud de la persona detenida”.
“La desaparición forzada propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido y constituye, de plano, un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra su núcleo familiar, que va generando un mayor impacto psicológico a medida que se prolongue por más tiempo”, insistió la ONG.
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