Al menos dos organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención, por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del abogado Franyer José Hernández el pasado jueves 10 de abril en Guanare, estado Portuguesa.
De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, el encarcelamiento del profesional del derecho es una “clara criminalización de la labor de la defensa de derechos humanos y una vulneración al derecho al ejercicio libre de la profesión legal”.
La ONG expresó su “profundo rechazo y preocupación por la detención arbitraria del abogado”.
Por su parte, la Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció que hubo una irrupción sin orden judicial a la residencia de Hernández, amedrentamiento a su familia y confiscación de sus bienes.
Fundehullan consideró esto una flagrante violación a la Constitución venezolana, estándares internacionales de los derechos humanos, el debido proceso e inviolabiliad del hogar.
“Exigimos a las autoridades venezolanas su inmediata liberación y el respeto a sus derechos, además el cese de la persecución al resto de los defensores de los DDHH”, agregó.
Familiares de presos políticos han realizado actividades durante la primera quincena de abril para exigir la liberación de estos y el respeto a sus derechos humanos en los centros de reclusión.
De acuerdo al último informe de la ONG Foro Penal, en Venezuela existen 896 presos políticos, de los cuales 729 son civiles y 167 militares.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado la existencia de presos políticos.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a poner fin a la incomunicación de los presos políticos y liberarlos de forma inmediata.
La CIDH denunció que en Venezuela se producen violaciones graves a los DDHH como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prolongados periodos de aislamiento, especialmente luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
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