El aumento sostenido de los precios originado en desorden fiscal, endeudamiento público masivo e insensata política económica lleva a la apreciación real del tipo de cambio, aumenta el déficit fiscal y la carga de servicio de deuda para futuras generaciones. Desde hace un cuarto de siglo varios gobiernos venezolanos recurren a la devaluación para corregir la sobrevaluación, pero sobre todo para fines fiscalista: volver a llenar las arcas del tesoro.
La devaluación sin un plan económico coherente para bajar la inflación, ordenar las finanzas y promover la producción lleva a aumentar los problemas. Se vuelve a estimular el alza de precios y aumenta la pobreza (la cual sólo baja parcialmente por transferencias sociales, menguadas por la misma inflación generada por la política económica). Este circuito simplificado es parte central de la esencia del fracaso económico de Venezuela. La desviación de cerca de la mitad de los ingreso de divisas por exportación petrolera para fondos en el exterior no le permite al BCV suplir un mercado cambiario distorsionado por un corrompido régimen de control de cambios. Esto no permite logar la estabilidad de precios.
El problema inflacionario se agrava aún más por dos razones: 1) El financiamiento monetario del gasto público provisto por un sumiso Directorio del BCV, tanto con transferencias de miles de millones de dólares de reservas internacionales, ficticias utilidades cambiarias y más recientemente adquisición de títulos públicos y carteras de créditos de banca pública que pretenden esconder el financiamiento monetario. Sólo a locos o irresponsables pueden hacer esto. 2) La política de expropiaciones y nacionalización de empresas privadas eficientes, para convertirlas en centros de deterioro productivo, enriquecimiento de operadores políticos del PSUV y “empleo” de redes clientelares, también disminuye la inversión y la oferta. Esto termina por crear escasez y mayor presión sobre los precios.
Intentar engañar a un pueblo con afectado por serios problemas económicos y pretender eludir la responsabilidad presidencial y ministerial de una política económica insensible, truculenta, incoherente y facilitadora de corrupción, es el recurso típico de los gobernantes sin escrúpulos y sin sentido de compromiso con una Nación.
