De acuerdo con las palabras de Saab, se entregaron “cajas de muchos casos inexistentes otros existentes” y los casos que el Estado ha entregado a la CPI lo han “demostrado con documentaciones”
Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, informó este domingo, 11 de junio, que realizó una visita a la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) que se instaló en Venezuela.
Durante una entrevista ofrecida a Venevisión, Saab aseguró que esta oficina “tiene un carácter técnico de formación, cooperación, dentro de lo que es la complementariedad”.
Según Saab, esta oficina es similar, pero no igual, a la que se creó a través del acuerdo que se firmó con Michelle Bachelet cuando fue alta comisionada de derechos humanos de la ONU.
Asimismo, aseguró que el Estado tiene “la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros”.
A juicio de Saab, se entregó documentación “amañada y contaminada”, así como “fuentes anónimas sin cédula, sin nombres, sin la denuncia formalmente realizada todo eso fue lo que se llevó allá”.
De acuerdo con las palabras de Saab, se entregaron “cajas de muchos casos inexistentes otros existentes” y los casos que el Estado ha entregado a la CPI lo han “demostrado con documentaciones”.
“Yo siento que esto lo está entendiendo el fiscal de la CPI que aquí nosotros podemos hacer justicia. Venezuela no es el Congo, no es el Medio Oriente de guerra fratricida, donde prácticamente de lo que se habla es de tierra arrasada”, dijo.
Oficina de la CPI en Venezuela
El fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó el 9 de junio la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con Nicolás Maduro.
El documento firmado «detalla la asistencia técnica y la asesoría» que la CPI brindará al país, señaló Khan, que no ofreció información específica sobre el contenido del memorando.
Tras conocerse esto, la ONG Provea señaló: «Cualquier función que realice una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela, para desarrollar políticas públicas de justicia, debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país».
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