Tras la llegada de la junta interventora de la CVG, los trabajadores exigieron que los funcionarios se presentaran en la empresa, solicitud que fue cumplida, pero que hasta ahora no ha arrojado ningún beneficio
Trabajadores de Planta Casima denunciaron haber «perdido la confianza» en la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tras enviar más de 15 comunicaciones y no obtener respuesta.
De acuerdo con un artículo de Correo del Caroní, estas comunicaciones se han enviado para evidenciar las múltiples irregularidades y abusos que la directiva comete contra el personal. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta.
La junta interventora está compuesta por Héctor José Silva Hernández, en la presidencia; y Alexis José Cabello como vicepresidente, ambos designados tras la detención del expresidente de la CVG, Pedro Maldonado.
Pese a que Planta Casima fue una de las primeras fábricas que visitó la nueva directiva, según los afectados, desde entonces nada ha cambiado en cuanto al acoso y amedrentamiento al que son sometidos por los gerentes de la empresa.
También, manifestaron que durante abril consignaron varios documentos en el edificio de la CVG, ubicado en Alta Vista, los cuales tampoco han generado acción por parte de las autoridades.
“En lugar de aportar soluciones, se han convertido en parte del problema. Acá en la planta hay abusos, terrorismo, maltrato contra los trabajadores. El principal ejecutor ha sido el gerente general de operaciones, Juan Díaz. De esto está al tanto la junta interventora y no hace nada por sanear, poner orden y devolver la paz a los trabajadores”, afirmaron los obreros.
Despidos injustificados y recorte salarial
Tras la llegada de la junta interventora de la CVG, los trabajadores exigieron que los funcionarios se presentaran en la empresa, solicitud que fue cumplida, pero que hasta ahora no ha arrojado ningún beneficio.
De acuerdo con los obreros, durante el último año se han suscitado 34 despidos injustificados, 4 trabajadores han sido sacados de planta forzosamente, y 3 obreros tienen medida de separación de cargo en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.
La inspectoría ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por los obreros de las distintas empresas básicas de Guayana como un “brazo ejecutor” del Estado, que no atiende ni da respuesta oportuna a las denuncias.
“En este caso, responsabilizamos a la gerente de recursos humanos Glenda Sirit y también a los trabajadores del Departamento de Nómina, por ser cómplices de esta atrocidad. Se ha quitado el beneficio de alimentación a un numeroso grupo de trabajadores y de todo esto está al tanto la junta interventora, ya que les hemos hecho llegar comunicaciones”, afirmó Freddy Acosta.
