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Claves | Acosos, amenazas y ataques limitan labores de abogados en Venezuela

abogados en Venezuela
Redacción Runrun.es
16/06/2022
Los abogados también están sujetos a procesos penales, algunas veces solo por el mero ejercicio de su profesión o porque los asocian con los clientes que patrocinan

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) advirtió que la labor de los abogados en Venezuela se ve limitada por restricciones y obstáculos al ejercicio de la profesión legal.

Así lo señala el informe “Abogados bajo ataque. Barreras a la profesión legal en Venezuela”, el cual se publicó en mayo de este año 2022.

El documento, además, describe cómo los colegios de abogados han sido víctimas de actos de acoso e intervención.

Sobre los colegios, destacan la suspensión de elecciones internas, la imposición de autoridades no electas libremente, entre otras.

Ejercicio de la profesión legal en Venezuela: Estándares

De acuerdo con la CIJ, existen  normas internacionales relevantes respecto al ejercicio libre e independiente de la profesión legal que son de aplicación universal.

En el contexto internacional, las normas generales sobre la función del abogado se establecen en los Principios básicos sobre la función de los abogados de la ONU.

Al respecto, el texto señala que un ejercicio libre y responsable de la profesión legal es un elemento principal del estado de derecho.

Además, la tarea de los abogados es dar asesoría jurídica a personas con relación a sus derechos y otros intereses legales. 

Con respecto a la legislación de Venezuela, advierten, esta no consagra no expresamente disposiciones relacionadas con el rol de los abogados.

 

Sin embargo, por ser la Constitución el instrumento jurídico superior del Estado, el ejercicio de la abogacía es necesariamente relevante en su totalidad. 

Por ejemplo, la Constitución señala en su artículo 253 que las abogadas y los abogados forman parte del sistema de justicia.

A juicio de la CIJ, la legislación dispone el deber de los abogados de litigar de buena fe y establece sanciones (civiles y penales) y multas cuando no ejercen sus deberes de debida forma.

Obstáculos de los abogados en Venezuela

La Comisión advirtió que muchos obstáculos se agravaron recientemente, a pesar de la existencia formal de leyes que protegen el ejercicio libre e independiente de la profesión legal. 

Los abogados en Venezuela enfrentan tres tipos de obstáculos para el ejercicio independiente y seguro de la profesión legal:

  • Relacionados con el ejercicio directo de la profesión
  • Relacionados con limitaciones para la adecuada representación de sus clientes y en su rol en la administración de justicia
  • Institucionales y estructurales

Por otra parte, la CIJ señaló que, en muchos casos, los abogados son víctimas de amenazas o ataques. Muchos no denuncian por temor de que esas amenazas vengan de cuerpos de seguridad del Estado.

Acoso, amenazas y ataques

De acuerdo con la Comisión Internacional de Juristas, el obstáculo al que más se enfrentan los abogados son los ataques. Estos se relacionan con el ejercicio de sus funciones profesionales.

Durante los últimos años, estos ataques se incrementaron, lo cual, paralelamente aumentó la vulnerabilidad en el ejercicio de la profesión legal. 

Algunos ataques incluyen actos de estigmatización y amenazas en medios de comunicación con vínculos con el gobierno o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Por otro lado, en casos más graves, han ocurrido detenciones arbitrarias por motivos políticos. 

Muchos abogados representan casos de violación de Derechos Humanos. Frecuentemente, son blanco de intimidaciones, acosos, amenazas y seguimientos en contra de ellos o miembros de sus familias.

Obstáculos relacionados con la representación de clientes

En Venezuela, los abogados tienen limitaciones para el ejercicio de sus funciones. Esto impide hacer valer los intereses de sus clientes de forma adecuada.

Al respecto, una de las prácticas que más se utiliza es la intervención de comunicaciones con sus clientes o con terceros, en contravención con el principio de confidencialidad. 

Asimismo, el derecho a la asistencia legal también se han limitado, impedido o negado en el curso de procedimientos realizado por los cuerpos de seguridad.

También, existe la negativa de permitir el acompañamiento y asesoría jurídica a clientes se ha extendido a interrogatorios y entrevistas que realizan funcionarios policiales.

Sobre lo anterior, en algunas ocasiones, jueces, fiscales y oficiales de policía incluso han negado la defensa privada.

Persecución penal contra abogados

Los abogados también están sujetos a procesos penales, algunas veces solo por el mero ejercicio de su profesión o porque los asocian con los clientes que patrocinan.

Estos procesos también pueden ser una “sanción” por ejercer alguna de sus libertades fundamentales, como el derecho de reunión, derecho de asociación, entre otros.

Muchos abogados han sido criminalizados en razón de los clientes que representan.

Sobre lo anterior, la CIJ destaca el caso delabogado José Amalio Graterol quien ejercía la defensa penal de la jueza María de Lourdes Afiuni Mora desde abril de 2010.

Afiuni Mora fue arrestada a finales de 2009 y sujeta a persecución penal por el ejercicio legítimo de la función judicial. Su caso es uno de los más emblemáticos del deterioro de la independencia judicial en Venezuela.

 

Para el año 2012, a raíz de las denuncias públicas que realizaba por fuera de los estrados judiciales sobre la falta de garantías e independencia en el caso, Graterol empezó a recibir amenazas e intimidaciones.

En octubre de ese mismo año, en el marco de un juicio por homicidio de uno de sus clientes, Graterol fue detenido por orden del Tribunal del Circuito Judicial del Estado Vargas.

Deficiencias y obstáculos institucionales

De acuerdo con la CIJ, los ataques contra la independencia y seguridad de los abogados se desarrollan de un entorno institucional que falla en proporcionar adecuadamente independencia dentro del sistema de justicia o protección a los DDHH.

En Venezuela, las autoridades ejecutivas utilizan al poder judicial como un poder subordinado para hacer valer sus intereses.

Lo anterior ocasiona que los abogados no puedan ejercer de manera efectiva los derechos de sus clientes cuando está de por medio un acto o un interés gubernamental.

Además, la falta de independencia e imparcialidad de las juezas y los jueces se relaciona con el uso de mecanismos no transparentes para su nombramiento. 

Intervención en el funcionamiento de colegios de abogados

Según el informe, los colegios de abogados no han estado en posición para defender la independencia en el ejercicio de sus funciones de sus afiliados.

Lo anterior obedece, en gran medida, a que esas instituciones han sido afectadas por el contexto autoritario que existe en Venezuela. 

La autonomía e independencia de los colegios de abogados en Venezuela se vio afectada con la entrada de la Constitución del año 1999.Esto se debe a que el artículo 293.6 establece como función constitucional del poder electoral, en cabeza del Consejo Nacional Electoral, la organización de elecciones en los gremios profesionales.

 

A partir de la expedición de la nueva Constitución, se incrementó la intervención en los procesos electorales de los colegios profesionales a través de decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Justicia.

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