También solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones presidenciales “libres y limpias” y se apoye desde el gobierno de EE.UU. la labor investigadora del fiscal de la CPI sobre Venezuela
Medio centenar de venezolanos radicados en el extranjero pidieron en una carta al presidente de EE.UU., Joseph Biden, y otras autoridades nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del régimen de Venezuela, y subrayaron que esas medidas “benefician al venezolano de a pie”.
Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones presidenciales “libres y limpias” y se apoye desde el gobierno de EE.UU. la labor investigadora del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
La carta, con fecha del 21 de abril de 2022, está firmada por más de 50 ciudadanos venezolanos “decentes y con poder moral” que residen en EE.UU. y España y otros países europeos, y que arremeten contra los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones alegando que perjudican al pueblo.
Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela; Anthony Blinken, secretario de Estado; Ron DeSantis; gobernador de Florida, y representantes y senadores del Congreso de EE.UU.
La crisis no empezó con las sanciones
Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la “grave crisis económica y estructural” que padece Venezuela es “ajena y anterior a las sanciones” impuestas por EE.UU. a figuras del régimen chavista.
A su juicio, la crisis que ha supuesto para los venezolanos “inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado” y ha causado el éxodo de millones de personas, se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias “erradas” implementadas “bajo la asesoría” de Cuba.
También a la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial, al desmantelamiento del Estado de Derecho y el desmoronamiento de la Seguridad Jurídica, y a la corrupción sin precedentes en la historia republicana, dice la carta, que expone en detalle cada uno de esos aspectos.
Los firmantes destacan que las sanciones de EE.UU. lejos de ser causantes de la crisis “más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano”, pues han ayudado a “cerrar el financiamiento del régimen a actividades criminales”.
Subrayan también que el gobierno de Nicolás Maduro es “aliado” de Rusia, de Irán, Cuba, Nicaragua y China, y de los carteles de la droga de Colombia, Bolivia y México, y de “grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC”.
También aseveran que las sanciones impuestas por EE.UU. “en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela”.
No más diálogo
Según la carta, “las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del Régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero”.
Cargan también contra la idea de que un diálogo entre oposición y gobierno “solucionará los problemas de un país que está bajo una tiranía” y recuerdan los intentos infructuosos que ya ha habido.
En materia electoral afirman que “durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia” y enumeran las garantías que se deben exigir para un proceso electoral justo y con participación de los venezolanos de la diáspora.
En la lista hay comerciantes, empresarios, abogados y otros profesionales, periodistas, líderes comunitarios y un ex senador, Pablo Medina Carrasco.
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