Derecho a la salud es el que más se vulnera a las personas con discapacidad en Venezuela
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) presentaron el Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela
La salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional a las personas con discapacidad
En 71% de los casos estudiados se reportó la imposibilidad de acceder a atención médica. Del 40,9% que dijo necesitar un tratamiento médico determinado para su discapacidad, 27,8% reportó que lo cumplía muy pocas veces, principalmente por razones económicas
63,6% de los encuestados dijo que no asistía regularmente a un centro de salud para tratar su discapacidad; y de este grupo, 44% no lo hacía por falta de transporte
31,8% de las personas con discapacidad mencionó que necesitaba ayudas técnicas o tecnologías de apoyo tales como prótesis auditivas (50%) u otras (28,5%). Sin embargo, el 95% de estas personas no poseían ayudas técnicas otorgadas por alguna institución del Estado
En materia de alimentación, un 40,9% de las personas con discapacidad informaron que poseían requerimientos alimenticios especiales o dietas debido a su condición. No obstante, el 100% no cumplía tales requerimientos, y de este grupo, un 55,1% no lo hacía por razones económicas
El pasado 15 de diciembre, las organizaciones Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) presentaron el Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela
Este documento evidenció que la salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional a las personas con discapacidad.
El informe refleja que en 71% de los casos estudiados se reportó la imposibilidad de acceder a atención médica, como consecuencia de la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios públicos.
Del 40,9% que dijo necesitar un tratamiento médico determinado para su discapacidad, 27,8% reportó que cumplía muy pocas veces con tal tratamiento.
El principal motivo fueron las razones económicas (56,6%) o la escasez de medicamentos e insumos (40%).
Adicionalmente, un 63,6% no asistía regularmente a un centro de salud para tratar su discapacidad; y de este grupo, 44% no lo hacía por falta de transporte; 18,5% por la inexistencia de unidades de transporte y centros de salud accesibles. Un 37,2% declaró que no lo hacía por ambas razones.
Asimismo, 31,8% de las personas con discapacidad mencionó que necesitaba ayudas técnicas o tecnologías de apoyo tales como prótesis auditivas (50%) u otras (28,5%).
Sin embargo, el 95% de estas personas no poseían ayudas técnicas otorgadas por alguna institución del Estado; lo que evidencia el “panorama de indefensión en materia de derechos que antecede y continúa hacia el año 2020”, afirman las ONG.
Alimentación comprometida
También, en materia de alimentación, un 40,9% de las personas con discapacidad encuestadas en este estudio informaron que poseían requerimientos alimenticios especiales o dietas debido a su condición.
No obstante, el 100% no cumplía tales requerimientos, y de este grupo, un 55,1% no lo hacía por razones económicas.
“Toda imposibilidad de mantener una dieta especial para una persona con discapacidad que así la requiere constituye un detonante para problemas de salud futuro, que por demás, no serían atendidos prontamente debido al mismo panorama de desprotección en materia de salud”, advierten Consorven y Funvape.
Recuerdan que en una investigación de abril de 2020 se pudo concluir que 53,7% de los 150 entrevistados mencionó que redujo su ingesta de alimentos durante la cuarentena nacional por COVID-19.
Desventajas en el acceso a la justicia
Por otra parte, 29% de los consultados manifestó que el acceso a la justicia para personas con discapacidad tampoco fue posible.
66% de este grupo manifestó que existe retardo procesal, lo que obliga a las personas con discapacidad a permanecer privados de libertad por mucho más tiempo del que contempla la ley.
Otro factor que identificaron es la ausencia de intérpretes de Lengua de Señas Venezolana en los procesos judiciales. Esto, según denuncian, impide un “proceso legítimo e inclusivo de la defensa personal”.
Metodología de la Investigación
Consorven y Funvape realizaron 9 investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo en el año 2020 tendientes a evidenciar la situación de las personas con discapacidad dentro y fuera de Venezuela, en áreas específicas como acceso a la salud, educación, servicios psicológicos y servicios de protección; seguridad alimentaria; movilidad humana en la región; los derechos humanos y el acceso a formas comunicacionales inclusivas en el marco de la pandemia por COVID-19.
Las principales fuentes de datos de estas investigaciones son las personas con discapacidad, sus familiares o cuidadores/as, integrantes de otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
La información se recabó a través de encuestas, entrevistas a profundidad, grupos de discusión y observaciones estructuradas; y las principales herramientas de procesamiento de la información aplicadas fueron el análisis de datos cuantitativo y el análisis de contenido cualitativo. Se alcanzó un universo de estudio total de 636 personas encuestadas; además se entrevistaron 32 actores humanitarios y 20 personas con discapacidad y/o familiares.
También, se abordaron 8 comunicaciones oficiales para su análisis y 16 medios televisivos para observación y monitoreo.
Adicionalmente, ambas ONG establecieron un mecanismo de monitoreo y sistematización de datos en torno a casos de violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad (180 en total), que incluye información relativa a datos de la persona y todo el proceso jurídico que le acompaña.
“Este proceso de sistematización ha dado como resultado una base de datos que refleja todos los casos atendidos y acompañados en 2020″, detallaron.
Consulte el informe completo acá: Informe Anual Completo (version digital) (2)
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