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AI señala a Curazao y a Países Bajos de violar derechos humanos de migrantes venezolanos

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Nota de Prensa
Hace 3 años
El sitio web Crónicas del Caribe reseñó un informe publicado por la organización, el segundo en tres años, sobre la situación de los venezolanos que han llegado a la isla
AI  no haber constatado ninguna mejoría en el trato dado a los migrantes, y sostiene que el procedimiento de protección aprobado en 2019 es letra muerta

 

Crónicas del Caribe

 

En un trabajo realizado por el periodista Juan Francisco Alonso para el sitio web Crónicas del Caribe se detallaron las conclusiones de un reciente informe de Amnistía Internacional (AI), en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos a los migrantes venezolanos por parte de autoridades de Curazao. 

Amnistía Internacional  no solo acusó al gobierno de Willemstad de incurrir en abusos, sino que también apuntó el dedo hacia el gobierno del Reino de los Países Bajos, del que dijo, es cómplice de los mismos.

Los señalamientos figuran en el informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, que la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos publicó este lunes 11 de octubre.

El documento destaca que los funcionarios de la isla caribeña continúan con su práctica de detener automáticamente a los venezolanos que arriban a sus costas, para luego enviarlos a centros de detención que no reúnen las condiciones para albergarlos y mantenerlos allí por largos períodos, donde además son objeto de malos tratos por parte de sus custodios y son separados de sus familias, al tiempo que se les niega cualquier posibilidad de solicitar asilo.

En el reporte, el segundo que Amnistía le dedica a la crisis migratoria venezolana y a su impacto en el Caribe Neerlandés en los últimos tres años, la agrupación documentó 22 casos de inmigrantes a los cuales las autoridades curazoleñas les denegaron derechos fundamentales. Algunas de las víctimas son incluso menores de edad. 

“Las autoridades de Curazao han violado los derechos de las personas venezolanas que necesitan protección en diferentes eslabones de la cadena de inmigración”, se lee en el reporte, en el cual se describe cómo comienza el calvario para los venezolanos de la siguiente manera:

“En la mayoría de los casos, esta cadena comienza cuando la Guardia Costera Caribeña Neerlandesa las intercepta cuando tratan de llegar a Curazao en barco; en un número menor de casos son detenidas en tierra. Una vez que la Guardia Costera las entrega a la policía de inmigración de Curazao, son trasladadas a la comisaría de policía de Río Canario. Son numerosos los obstáculos que tienen que vencer para pedir protección internacional: durante la detención en la comisaría, los agentes de inmigración las presionan para que firmen una orden de deportación en neerlandés, con independencia de si necesitan o no protección internacional. No les explican sus derechos ni les ofrecen un servicio de traducción. Después quedan automáticamente detenidas en condiciones inhumanas en el cuartel de los extranjeros de la prisión del SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), de nuevo con independencia de su necesidad de protección. En el cuartel, los guardias penitenciarios recurren a la intimidación verbal y física para disuadirlas de pedir asistencia jurídica y solicitar protección”, se relata en el informe, de 60 páginas de extensión.

Letra muerta

Amnistía también evaluó el impacto que ha tenido el procedimiento de protección que Curazao aprobó en 2019 para lidiar con los desplazados venezolanos y considera que el mismo es nulo.

El procedimiento no es compatible con las normas internacionales”, se lee en el documento. El periodista Alonso explica que, debido a que  Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos, su legislación tiene como origen La Haya y en materia de Derechos Humanos,  se aplican los tratados emanados de la Unión Europea (UE) y no los de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es por eso que el procedimiento de protección para refugiados de la isla se sustenta en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Dicha norma establece una serie de pasos que pueden desembocar en el otorgamiento de un permiso que permite a su beneficiario residir por dos años en la isla.

Sin embargo, en su revisión, Amnistía consideró que el mismo es inaplicable. “¿La razón? La solicitud de protección se debe hacer de manera inmediata ante la policía, el mismo organismo que detiene o mantiene privados de libertad a los potenciales aspirantes y, en la mayoría de los casos documentados por la organización, los entrevistados afirmaron haber sido presionados para no pedir ningún tipo de amparo”, se lee en el artículo de Crónicas del Caribe.

Señalamiento a los Países Bajos

AI señala específicamente a las autoridades neerlandesas, puesto que “a pesar de las múltiples señales alarmantes sobre graves violaciones de los derechos de personas refugiadas y migrantes en los últimos años”, consideran que han intensificado su cooperación y apoyo activos a Curazao, principalmente en materia de detección, detención y deportación de migrantes irregulares y personas que buscan protección.

“Las autoridades neerlandesas no han establecido una sola salvaguardia de derechos humanos vinculante ni mecanismos de vigilancia independientes, y tampoco han investigado las presuntas violaciones de estos derechos mientras apoyaban a las autoridades de Curazao. El secretario de Estado responsable ha declarado en repetidas ocasiones que las autoridades neerlandesas no tienen la obligación de hacerlo porque el gobierno de Países Bajos considera que la política migratoria y los posibles abusos cometidos son responsabilidad de Curazao”, se lee en el reporte de AI. 

La organización recuerda que es obligación internacional respetar y proteger los derechos humanos, y dice que “es evidente” que las autoridades neerlandesas no han cumplido con esta obligación y por tanto han contribuido a crear un sistema de abusos.

“Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de las personas venezolanas que buscan protección creando un procedimiento de asilo que cumpla las normas internacionales. Deberían poner fin a la detención de menores y la separación de familias, y no detener a personas adultas salvo como último recurso. Asimismo, deberían llevar a cabo sin demora investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el arresto o la custodia”, agregan en el informe AI.

Con información de Crónicas del Caribe

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