Expertos consideran que, pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico
Los periodistas e investigadores académicos Marcelino Bisbal, Luisa Torrealba y Andrés Cañizález coinciden en la necesidad de entender la información como un bien común, sobre todo en una sociedad como la venezolana en la que la libertad de prensa está seriamente amenazada.
Así lo dejaron saber los tres especialistas y autores durante la primera entrega de las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, organizadas de forma conjunta, en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, por el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, CIC-UCAB, y la Asociación Civil Medianálisis, con el propósito de evaluar el entorno mediático en el país.
El evento fue presentado por el director del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la UCAB, Gustavo Hernández y dirigido por León Hernández, periodista y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, quienes juntos disertación sobre la mordaza, opacidad y manipulación del ecosistema mediático en Venezuela.
La información salva vidas
Si bien la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen el núcleo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, por considerar que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible, la periodista Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, profesora de pregrado y postgrado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, resaltó el lema de este año de Unesco “La información como bien común”, a lo que agregó que “la información salva vidas” al relacionarlo con el contexto de la COVID-19 en el país.
Torrealba señaló que el gobierno de Nicolas Maduro se ha tomado la atribución de ser el único que brinde información sobre el comportamiento del virus en Venezuela, a través de actores del entorno político, lo que para la periodista son voceros no calificados.
Sentenció que es una lástima que un tema tan importante para la sociedad sea abordado de esta manera, comparó la actual epidemia de COVID-19 con la del virus H1N1, donde el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” era el que brindaba los datos actualizados en su portal web.
“El poder tener estadísticas completas y políticas de información para que los ciudadanos tomen las medidas adecuadas puede marcar la diferencia entre salvar vidas o no”, dijo.
Asimismo, la periodista afirmó que en el país ha prevalecido la opacidad con lo que ha sido el plan de vacunación nacional; sin embargo, destacó que la gestión de Maduro insiste en que, producto de las sanciones que se han aplicado al país, no hay recursos para la compra de las vacunas.
Ante ese pretexto, argumentó que en cambio hay una gran inversión en los mecanismos de defensa y propaganda para la causa de Alex Saab, y que esto ha sido develado gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación independientes.
Otros de los temas que abordó Luisa Torrealba fue la situación del conflicto armado en el estado Apure, con presencia de grupos irregulares provenientes de Colombia y que ha dejado un gran número de afectados quienes han tenido que huir para resguardar sus vidas, mientras la respuesta por el sector oficial es la detención de defensores de derechos humanos y de equipos periodísticos que intentaban mostrar lo que sucedía.
Acoso Comunicacional
La intervención de Marcelino Bisbal, director de la revista Comunicación, estuvo por su parte centrada en los distintos medios informativos que han reseñado la trayectoria del acoso a las comunicaciones, con una cronología amplia de las publicaciones que se han manifestado ante esta dura realidad y contra la cual han tenido que batallar los periodistas en Venezuela por más de 22 años.
Bisbal añadió resaltó el importante trabajo desempeñado hasta ahora por las diversas ONG en el país en el área de la investigación y de la libertad de expresión, como Espacio Público, dirigido por Carlos Correa, el Instituto Prensa y Sociedad y, coordinado por Andrés Cañizález, Medianálisis, con su enfoque de comunicación para la democracia.
Pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico.
Ante ello, el periodista e investigador asegura que “todo este marco normativo, intimidatorio, genera censura y autocensura”, asimismo afirmó que “no hay otro país en América Latina que cuente con tanta jurisprudencia y que regule de manera directa e indirecta el sector de las comunicaciones”.
El profesor Marcelino Bisbal preparó un texto que tituló Asalto Inminente, debido al hostigamiento por parte del Gobierno a la libertad de prensa. Entre sus líneas expuso que “la democracia no puede ser tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y, especialmente, de la autoridad gubernamental”.
En este mismo sentido, Bisbal condenó que el proceso político que gobierna al país se ha dado a la tarea de desmontar y de asaltar al sistema comunicativo e implantar un nuevo orden comunicacional.
Desvanecimiento de la prensa escrita
Otro de los panelistas invitados a las “Jornadas de Libertad de Comunicación” fue el periodista e investigador Andrés Cañizález, miembro fundador y director de general de la Asociación Civil Medianálisis, quien recordó la importancia de los periódicos para la sociedad.
Cañizález recordó que, por años, los tabloides cumplieron la función social de organizar y contar los acontecimientos que se generaban en el país.
Advirtió que el fenómeno que implica la desaparición de la prensa escrita, no se trata de un accidente, sino de una decisión oficial del Gobierno de dejar al país sin información, y a su juicio, responde más bien a un interés político.
Informó que según el reporte del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre el año 2009 y 2013, desaparecieron 6 periódicos y, luego, entre ese último año y 2021 han cerrado 104 tabloides, de los cuales 50 se mantienen en formato digital de una página web y 3 de ellos informan por redes sociales.
Ante este claro golpe a la libertad de prensa, el periodista Andrés Cañizález, comentó que el Gobierno ha dejado a millones de venezolanos sin la posibilidad de contrastar con otra fuente lo que dice el discurso oficial, dejándolos a merced del espectro de radio y televisión pública, debido a la falta de internet y la televisión por cable.
Andrés Cañizález comentó que 10 estados del país no tienen ningún medio escrito, como los casos de Apure, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Zulia, Amazonas, Cojedes, Delta Amacuro. Para el investigador los periódicos que quedan en el país son de carácter simbólico.
Finalmente, Andrés Cañizález sentenció que “un país sin periódicos, sin prensa independiente, será víctima de la desinformación”.
