Los pescadores fueron detenidos el pasado 21 de enero por fuerzas navales venezolanas

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Hugh Todd, aseguró este sábado a los familiares de los 12 pescadores guyaneses detenidos por Venezuela, acusados por el gobierno venezolano de faenar en sus aguas jurisdiccionales, que estos “no estaban involucrados en pesca ilegal”.

Todd se reunió con los familiares de los pesqueros en la zona de Región II (Pomeroon-Supenaam), un día antes de que, como se espera, los pescadores regresen a sus hogares tras ser dejados en libertad el pasado martes.

“Lo que queremos que ustedes entiendan es que sus familiares no estaban haciendo nada ilegal. Ellos estaban trabajando duro para apoyar a sus familias. No se sientan mal”, afirmó Todd.

Los pescadores fueron detenidos el 21 de enero pasado por las fuerzas navales venezolanas en aguas que Guyana considera parte de su territorio.

Los pescadores en el momento de ser detenidos faenaban junto al río Waini en dos grupos de seis en las embarcaciones Lady Nayera y Sea Wolf, cuando fueron capturados por tropas navales venezolanas.

Este acto de Venezuela fue condenado por las autoridades de Guyana, que defienden que ambas embarcaciones operaban dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Guyana cuando fueron interceptados por el buque de la Armada venezolana Comandante Hugo Chávez GC 24.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, el capitán Richard Ramnarine, del Lady Nayera, y Toney Garraway, del Sea Wolf, tras ser interceptados fueron obligados a poner rumbo al puerto de Güiria, en Venezuela.

El ministro aseguró que los guyaneses viven en un país soberano con límites territoriales y que son reconocidos internacionalmente.

Ante ello, afirmó que pescar en aguas de Guyana “es un acto legal” y reconocido internacionalmente.

El funcionario dijo además que la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han expresado su apoyo a Venezuela y han pedido la liberación de los pescadores.

Este nuevo incidente se incluye en la disputa sobre un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que será analizada por la Corte Internacional de Justicia, que se ha declarado competente para resolver el caso, aunque Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral.