Foro Penal: "2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente en 2019" - Runrun
Foro Penal: «2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente en 2019»
Por lo menos 50 personas fueron reportadas y verificadas como asesinadas, producto de la represión dentro del contexto de manifestaciones convocadas por factores de la oposición venezolana, entre enero y mayo de 2019
Al menos el 50% de las personas arbitrariamente detenidas reporta haber sido víctima de algún tipo de maltrato durante su detención o al momento de su arresto

La ONG Foro Penal publicó su reporte anual 2019 sobre la represión en Venezuela en el cual se dan a conocer las cifras de presos políticos, ataques por parte de cuerpos de seguridad del Estado a comunidades indígenas, asesinatos en el contexto de manifestaciones,  y de desapariciones forzadas. 

La organización reveló que 2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente, por razones políticas, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019. Existen 388 presos políticos, al 31 de diciembre de 2019, de los cuales 18 son mujeres y 118 son funcionarios militares.

«Durante el año 2019 se continuó observando en Venezuela la conducta sistemáticamente abusiva de los cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos de administración de justicia, los cuales actuaron siguiendo directrices del régimen venezolano, no ajustadas a derecho, coartando la libertad e incluso el derecho a la vida de los ciudadanos», reza el reporte anual.

La organización destaca como hecho relevante que en enero de 2019 se dio el inicio de una serie de manifestaciones de calle, ocurridas a partir del día 21. «Estos hechos originaron la respuesta abusiva y desproporcionada de los cuerpos de seguridad, reportándose un número significativo de personas asesinadas en protestas, heridos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias», se asegura en el documento.

Entre el 22 al 25 de febrero de 2019, los ciudadanos se manifestaron, en apoyo a la convocatoria por la recepción de la ayuda humanitaria internacional, dirigida a Venezuela, lo que trajo como consecuencia el bloqueo del ingreso a dicha ayuda humanitaria, a través de una serie de acciones violentas contra los manifestantes, ejercidas por los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos de civiles armados, que actuaron en conjunto con las fuerzas formales de seguridad.

 

Táchira y Bolívar fueron los estados más reprimidos por esta situación. Fueron también reportados asesinatos debido al uso excesivo de la fuerza y el ataque desproporcionado de los cuerpos de seguridad, contra los pueblos indígenas establecidos en zonas fronterizas.

En marzo de 2019, hubo dos grandes fallas en el suministro eléctrico. Estas fallas en los servicios básicos, tuvieron como consecuencia que algunos ciudadanos protestaran espontáneamente, en varios estados, lo que originó por parte del Gobierno, una serie de detenciones arbitrarias y de actos represivos contra los manifestantes.

El 29 de junio murió bajo custodia de las autoridades, a causa de las torturas que había sufrido en reclusión, el preso político Capitán de Corbeta retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rafael Acosta Arévalo. Este ha sido un caso grave ocurrido en el año 2019, de violación a los artículos 43, 44 (numeral 2º) y 46 (numeral 1º) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Balance de detenciones y presos políticos en 2019 

El año 2019 cerró con 388 presos políticos en Venezuela. Entre los 388 presos políticos registrados al cierre de 2019 se encuentran: 118 funcionarios militares, 18 mujeres y 370 hombres, todos mayores de edad. 

Desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, hubo 2.219 personas arrestadas arbitrariamente en Venezuela. Al cierre del reporte de Foro Penal, de las 2.219 personas que fueron arrestadas en el año, aún se encuentran detenidas 243. 

Los 5 estados de Venezuela en los que se reportó la mayor cantidad de personas detenidas arbitrariamente durante 2019 fueron: Zulia (306 arrestos), Distrito Capital (292 arrestos), Aragua (200 arrestos), Bolívar (190 arrestos) y Carabobo (175 arrestos).

Ataque por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a las comunidades indígenas 

En 2019 se observó el ataque desproporcionado de funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad y grupos irregulares de civiles armados, dirigido en contra de algunos pueblos indígenas de Venezuela.

En 2019, estos ataques fueron sufridos por el pueblo indígena “Pemón”asentado en la comunidad de San Francisco de Yuruaní, conocida como “Kumarakapay” ubicada en el estado Bolívar, quienes, desde el 22 al 28 de febrero de 2019, fueron reprimidos, al oponerse a que pasara un convoy del ejército que impediría el acceso a la ayuda humanitaria, que se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil.

Producto de este ataque, 7 personas fueron asesinadas por impacto de balas, 4 de ellas pertenecían a la etnia Pemón. Además, 57 personas fueron heridas, de las cuales 22 fueron indígenas, también de la etnia Pemón. Se registraron 62 personas arrestadas arbitrariamente por estos hechos, 23 de estas personas arrestadas fueron indígenas Pemones.

También entre el 22 y el 29 de diciembre, ocurrieron nuevos actos represivos en contra de la comunidad indígena de Kumarakapay, debido a la presunta sublevación y sustracción de armamento militar por parte de un grupo de efectivos militares y reservistas indígenas de la etnia Pemón, en las instalaciones del Batallón del ejército venezolano 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana en el estado Bolívar.

Por estos hechos, se reportaron al menos 13 personas detenidas. A la fecha de cierre de este reporte, el equipo del Foro Penal pudo verificar que, al menos 10 de las personas detenidas, pertenecen a la etnia Pemón, habitantes de la referida comunidad y uno de ellos se encuentra herido.

 

También han sufrido estos ataques armados por parte de funcionarios del Estado durante 2019, miembros de la etnia indígena “Warao” establecidos en la localidad conocida como “Agua Salada”, comunidad indígena Mariusa, en el estado Delta Amacuro, quienes el 29 de abril de 2019, cuando se disponían a buscar agua potable para su comunidad, fueron atacados por funcionarios de la GNB a bordo de una embarcación conocida como “La Sanitaria”, de acuerdo con el testimonio obtenido por el equipo del Foro Penal. En este ataque, resultaron asesinadas Belkis Mendoza de 22 años, quien estaba embarazada de 6 meses y una niña de 6 años de nombre Samaritana Mendoza, además fue herido de bala el indígena Edgar Pérez, de 42 años

Asesinatos en el contexto de manifestaciones 

Foro Penal confirmó el asesinato de al menos 50 personas dentro del contexto de la represión de las movilizaciones de calle, convocadas desde la oposición venezolana, particularmente por Juan Guaidó en su carácter de presidente encargado, nombrado por la Asamblea Nacional y por el líder opositor Leopoldo López, entre los meses de enero a junio de 2019, cuando funcionarios de los cuerpos de seguridad y civiles armados, habrían reprimido las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, haciendo uso excesivo de la fuerza. También se produjo la muerte de una persona que estaba recluida a causa de las torturas de las que fue víctima. 

Desapariciones forzadas 

En el lapso cubierto por el informe de Foro Penal ocurrieron 526 desapariciones forzadas. «En Venezuela, la práctica de desapariciones forzadas es común en el marco de las detenciones políticas. La desaparición temporal o permanente tiene el objeto de no permitirla defensa de la persona mientras se produce la detención arbitraria y en muchos casos, se ha desaparecido a personas para someterlas a procesos de interrogatorio ilegal acompaña-dos de torturas o tratos crueles e inhumanos llegando incluso a obligarlas a grabar videos o audios incriminando a otras personas», dice el documento.

«Las desapariciones forzadas se han dirigido en varias ocasiones, y particularmente desde el año 2017, a familiares o amigos de militares o personas que las autoridades consideran involucradas en actos de rebelión. Las fuerzas de seguridad e inteligencia del régimen bolivariano desaparecen a familiares o amigos íntimos para presionar la entrega de aquellos que buscan o para determinar su paradero mediante la confesión del desaparecido», se detalla.