@fefamaya

RODEADA POR DOS CAFÉS, UN INVERNADERO, decenas de industrias a media máquina, una productora de proyectos audiovisuales y la sede de un canal de televisión del Estado se encuentra una de las instituciones que es conocida como uno de los centros de tortura a militares del gobierno de Nicolás Maduro.

El Cuartel General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta Norte está ubicada en la calle Vargas, la vía perpendicular que conecta la televisora Telesur (Transversal 2) y la Universidad Monteávila (calle Buen Pastor). Enfrente está, desde hace cinco años, el invernadero del restaurante Casa Bistró. Boleíta Norte es, eminentemente, una zona industrial al este de Caracas.

Una de las formas para acceder a la Dirección de Contrainteligencia es por la calle Buen Pastor, bajando de la Cota Mil. Al final de esa calle está la Universidad Monteávila. Esta entrada está cerrada por una barricada de sacos terreros negros, con cuatro o cinco filas de altura. Delante de ellos hay dos barricadas de alambres de púas que están sostenidos por barrotes de hierro. En la esquina derecha hay entre uno o dos funcionarios de Contrainteligencia. En otros accesos, como el cercano al canal Telesur, también hay barricadas y funcionarios. 

El anodino edificio, que bien podría pasar por una industria más, alberga historias de maltratos, torturas, presiones y muertes. Tantas, que después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por presuntas torturas dentro de esas paredes, el pasado 29 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim. “El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro.

 Pero afuera, la cotidianidad transcurre al ritmo pasivo del miedo. Las calles que la rodean están perennemente custodiadas y los vecinos han tenido que adaptarse a transitar en el radio de acción de un cuerpo de seguridad en el que coinciden militares, espías, agentes e investigadores, algunos de los cuales han usado una “máscara de la muerte” en los operativos de la OLP. La zona, dicen varios lugareños consultados, es segura para quien no luzca problemático para la DGCIM.

“Son unos vecinos muy particulares. Para mí lo que más ha cambiado es el libre tránsito que solía tener la calle. Tienes que indicar a dónde vas sino no pasas”, aseguró Abenante. El chef ganador del Tenedor de Oro en 2009 explicó que la calle tiene dos accesos y que el superior es cerrado por funcionarios de la DGCIM a las 6:00 de la tarde. “El acceso de la Cota mil no se puede utilizar. Siempre tiene una barrera que limita el paso”, indicó el cocinero venezolano.

Abenante relató que el único inconveniente que ha tenido con sus vecinos fue durante una grabación del huerto -en el techo de un edificio- de Casa Bistró. “Estábamos realizando un video del huerto para una presentación gastronómica. La camarógrafa fue detenida, mientras que al resto del grupo le quitaron los equipos. Los oficiales indicaron que en esa zona no podían tomarse fotos. Queríamos hacer unas tomas de la parte de arriba del invernadero con un dron, pero no nos dieron permiso”, señaló el chef.

A pesar de eso, Abenante tiene su propia percepción de seguridad: “Personalmente, me siento más seguro con su presencia en la zona”.

Este no fue el caso de un estudiante de la Universidad Monteávila, quien pidió no revelar su identidad. El joven fue detenido durante las protestas de 2017 por tomar una foto de una protesta en la Cota Mil.

“Tuvimos una actividad de calle en la Cota Mil. No recuerdo la fecha exacta, fue a finales de mayo de 2017. En ese momento era parte del Movimiento Estudiantil. La DGCIM cerró las adyacencias a su sede. Yo tenía examen parcial ese día. Cuando estaba camino a la universidad, vi la Cota Mil trancada, tomé una foto desde el carro y la envié por un grupo de WhatsApp. Los oficiales me vieron y me detuvieron”, afirmó el alumno de la UMA.

Después de dos horas y de firmar un documento donde negaba haber sufrido algún daño, el estudiante fue liberado.

El ahora egresado de la universidad indicó que la presencia de alcabalas de la DGCIM comenzó a ser más evidente cuando iniciaron las protestas en 2017. “Yo empecé a estudiar en la Monteávila en 2014. Las alcabalas y el amedrentamiento en contra de los estudiantes empezó en 2017, en época de protestas”, afirmó.

El estudiante, al igual que Abenante, señaló en que la zona es bastante segura. Ambos opinan que es por la presencia del cuerpo de seguridad en la zona. 

 No hay registro exacto desde cuando la DGCIM empezó a operar en Boleíta Norte. Según un ex jefe de la sede, la DGCIM fue inaugurada durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1974. Para el momento era conocida como Dirección de Inteligencia Militar (DIM). 

Durante 2018, la organización Provea registró 100 casos de torturas realizadas por cuerpos de seguridad del Estado. 75 de los casos fueron ejecutados por la DGCIM. Con un total de 12 casos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el segundo organismo del Estado en aplicar torturas dentro de sus centros de reclusión.

El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo fue uno de los casos más recientes.  El periodista Nelson Bocaranda Sardi afirmó en un artículo de Los Runrunes de Bocaranda, que el día de su presentación en tribunales militares el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. “Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso”, indicó.

Todo eso ocurrió a unos metros de un peculiar negocio que resume la frágil tranquilidad de la zona, puertas afuera del Cuartel General. Cada sábado, desde antes de las 6 de la mañana en una solitaria Boleíta Norte, clientes de un taller mecánico improvisado hacen cola para ser atendidos en plena calle, al aire libre. Una clienta relata la rutina inesperada: “Cada sábado van cerca de 20 carros. Los dueños se sientan en las aceras, algunos traen banquitos, todos custodiados a lo lejos por la DGCIM. Si uno llega antes de las 7 de la mañana la entrada directa a la calle está cerrada con barricadas. Después de que pasó lo del capitán Acosta Arévalo le pregunté al mecánico si estaban haciendo alcabalas, porque me daba miedo ser detenida por una de esas en las que revisan los teléfonos, pero él me dijo que no había ninguna y que allí nunca ha tenido problemas”.