El fraude de los gimnasios verticales empoderó a la dupla Saab-Pulido - Runrun
El fraude de los gimnasios verticales empoderó a la dupla Saab-Pulido

LA CONSTRUCCIÓN MASIVA EN LOS barrios populares de los conocidos como “gimnasios verticales” fue la solución que, en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad.

De acuerdo con un reportaje de investigación del portal Armando.info, de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono.

El fraude de los gimnasios verticales

Los que aún existen quedan al servicio del partido de Gobierno (PSUV) para sus actividades políticas.

A pesar de esta ruina el proyecto fue un negocio “fértil” para los empresarios beneficiados, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense y acusados de lavado de dinero en un tribunal de la Florida.

Aunque el inicio de los negocios con el chavismo de la dupla Saab-Pulido se remonta a 2011, bajo la administración de Maduro se convirtieron en los contratistas favoritos para la construcción de obras, explotación petrolera o suministro de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), entre otras áreas.

El dúo logró un contrato para los gimnasios verticales que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores, hijo mayor y sobrino, respectivamente, de Cilia Flores.

A partir de 2013 es que los colombianos Saab y Pulido iniciaron su “exitosa” relación con la Fundación Pro-Patria 2000 través del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas.

Este consorcio fue creado específicamente para el proyecto de los gimnasios y lo conformaron la firma colombiana Guillermo González Zuleta y Cia Ltda, junto al Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y Pulido iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011.

Este consorcio fue investigado hace años por la Fiscalía ecuatoriana y ahora por un tribunal de Florida y tiene personalidad jurídica en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, aunque su propietario final es una sociedad escondida en la isla de Malta, en el Mediterráneo oriental.