Tras la sentencia número 18 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 7 de mayo, que imputó de siete supuestos delitos a seis diputados a la Asamblea Nacional, especialistas en derecho constitucional aseguraron que las acusaciones no están justificadas por tener un tinte marcadamente político.
El TSJ acusó a los parlamentarios Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada y asociación, luego de que éstos participaran en las acciones que dieron inicio a la llamada ‘Operación Libertad’.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro tilda la sentencia como una acción con la cual se pretende justificar el incorrecto proceder del TSJ. A su juicio, no hay elementos para decir que existen delitos sobre los representantes del Parlamento, pues en los hechos del pasado 30 de abril en los que un grupo de militares se alzó contra el régimen de Nicolás Maduro, los legisladores llamaron a recuperar la democracia y no a la comisión de ningún delito.
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