PRIVATIVA DE LIBERTAD FUE LA MEDIDA DICTADA EN CONTRA de los siete detenidos por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad desaparecida en la isla La Terecaya y cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en el balneario El Rey del río Caroní. La disposición fue tomada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Bolívar.
José Cedeño (18 años) fue imputado por femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. Mientras que José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, por complicidad necesaria para el delito de femicidio y omisión al socorro.
Como sitio de reclusión para las mujeres fue fijado el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, y para los hombres, la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar; sin embargo, fuentes del Ministerio Público aseguraron que la defensa alegó que “corrían peligro” y serán recluidos por unos días en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La audiencia de presentación, que fue diferida cuatro veces, culminó a la 1:40 a.m, después de 10 horas. Durante la jornada, “los imputados se reían durante la audiencia”, comentó la fuente.
Apoyo a familiares
Mientras transcurría el acto judicial, algunos familiares, allegados, amigos y miembros de ONG estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para manifestar su apoyo y exigir justicia para Ángela.
La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) leyó un documento, suscrito por 62 organizaciones y más de 200 personas, en el que exigieron una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género y que atendieran los protocolos de derechos de las mujeres.
“Notamos con preocupación con este caso que el tema de la investigación inferencial y el cumplimiento de la debida diligencia no ha sido puesto en práctica por los órganos del Estado. Por eso quisimos venir a apoyar, quisimos venir a brindar solidaridad con familiares”, indicó Jackeline Fernández, miembro de Codehciu.
Explicó que el Estado está en la obligación de investigar antecedentes en el caso para determinar si hubo femicidio, vulnerabilidades propias de la víctima y determinar cualquier circunstancia.
“Dentro de la ley, cuando hay violencia sexual previa, el femicidio es calificado como femicidio agravado. Entendemos y respetamos de la misma manera los derechos de los presuntos responsables, lo cual quiere decir que el respeto por el proceso penal debe darse a ambas partes”, aclaró Fernández.
