EL PRÓXIMO 10 DE ENERO (10-E) NICOLÁS MADURO será juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para lo que él asegura será el inicio de su segundo período presidencial, tesis que apoya el chavismo. Sin embargo, la oposición lo afronta de una forma distinta y varios voceros han señalado que se trataría de la usurpación del cargo de la Presidencia de la República. Esta postura fue reafirmada por el diputado Juan Guaidó en su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Se trata de una posición dividida en la que el grueso de la bancada opositora aún no se ha puesto de acuerdo sobre cómo denominarla. Grupos como Vente Venezuela, de María Corina Machado, aseguran que el 10-E ocurrirá un vacío de poder que debe ser resuelto por la AN y por su presidente, el cual debería encabezar un gobierno de transición en Venezuela. Esta propuesta es respaldada por el TSJ en el exilio, sin embargo, no tiene eco en la cabeza del Parlamento: Guaidó habla, más bien, de una usurpación de cargo que debe ser enfrentada con un órgano de transición.

Lo cierto es que se trata de un hecho inédito en la historia de la República, el cual ni siquiera está previsto de forma textual dentro de la Constitución. No obstante, algunos juristas constitucionales señalan que la Carta Magna sí ofrece herramientas para lidiar con la situación.

Usurpación por falta de legitimidad de origen

La legitimidad de origen de un presidente se la otorga la victoria en las elecciones presidenciales en las que obtuvo el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Ahora bien, para el abogado Juan Manuel Raffali, la elección del 20 de mayo de 2018 no puede ser considerada legítima al no haber cumplido con los estándares internacionales que harían que el proceso fuese reconocido. Por ese motivo, para él no hay duda de lo que ocurrirá el 10-E: la usurpación de la presidencia de la República.