EL 26 DE SEPTIEMBRE, el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra varios representantes de Pdvsa Gas Colombia.

Las órdenes de capturan son para: la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, el expresidente y exdirector de Pdvsa Gas, Antonio Castillo Bastardo y Daniel Chirino, el exgerente de finanzas Luis Rangel y José Alberto Márquez, representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS.

Todos serán imputados por los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación.

Saab aseguró que Sarah Moya habría causado un daño patrimonial a Venezuela de más de $ 100 millones, desfalcando la sucursal del Pdvsa Gas Colombia durante los años 2007 y 2015.

Desde el 2007 Moya manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares, entre ellos los generados por el convenio de suministro de combustible entre la empresa colombiana Ecopetrol y Pdvsa, detallando que estos son recursos “que no le correspondía manejar”.

También designó unilateralmente a un revisor fiscal de Pdvsa Gas Colombia, procedimiento que violó la normativa interna al emplear para ello un acta forjada de asamblea.

El fiscal designado por la ANC, dijo en sus declaraciones que Moya había adquirido 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá para José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia.

Para finalizar detalló que quien fueses gerente general de Pdvsa Gas Colombia por más de siete años, calculó su propia liquidación al momento de entregar el cargo, adjudicándose 40.900 dólares adiciones a los que le correspondían.