UN NUEVO PROYECTO DE LEY INTEGRAL para atajar la crisis de Venezuela fue presentado hoy en el Congreso de EE.UU. por un grupo bipartidista de senadores, con el que pretenden aumentar la presión “política, económica y diplomática” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y proveer ayuda al pueblo venezolano.
El proyecto de ley propone varias secciones de respuesta a la crisis venezolana, desde un aumento de las sanciones a determinados agentes del Gobierno venezolano y su deuda soberana, hasta dos provisiones de asistencia valoradas en un total de 40 millones de dólares y un aumento de los esfuerzos diplomáticos.
La propuesta, titulada Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018, se trata del proyecto legislativo más amplio de los abordados por el Congreso estadounidense para atajar la situación del país caribeño.
La propuesta legislativa está liderada por el senador demócrata Bob Menendez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, además de los republicanos Marco Rubio, John Cornyn y David Purdue, y su implementación depende de la aprobación de las dos cámaras del Congreso.
“La legislación bipartidista de hoy es la respuesta más integral, más significativa hasta la fecha, y proporciona la ayuda humanitaria y política y la presión económica necesarias para colocar el país de vuelta en el camino a la democracia”, apuntó Menéndez, ante el anuncio.
Por su parte, Rubio consideró que “es vital” para EE.UU. y sus socios “proporcionar ayuda humanitaria directa al pueblo venezolano”, y subrayó el carácter bipartidista de una ley, cuyo objetivo es “garantizar” que tanto el Gobierno estadounidense como sus aliados “estén preparados para ayudar a restablecer el Estado de derecho en Venezuela”.
En cuanto a la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, la legislación autorizaría 20 millones de dólares de asistencia para la crisis interna del país, y otros 20 millones adicionales para los Estados vecinos, que se enfrentan “a los desafíos” del crecimiento de la migración venezolana.
También otorga 14,5 millones dólares para “apoyar a la sociedad civil democrática” y medio millón para la observación internacional de futuras elecciones democráticas.
Asimismo, requiere que el Departamento de Estado realice una conferencia de donantes para coordinar la financiación internacional ante la crisis Venezuela, y garantiza el apoyo a los esfuerzos en las Naciones Unidas al respecto.
En cuanto al aumento de sanciones, apunta específicamente a aquellos funcionarios venezolanos que hayan incurrido en “corrupción pública” y en actos destinados a “socavar la democracia”, de igual que forma que propone más castigos financieros a la deuda soberana del país.
Por otra parte, el proyecto exige el reconocimiento de EE.UU. a la Asamblea Nacional, inhabilitada por Maduro, como “el único cuerpo legislativo legítimo en Venezuela”, y urge a buscar una “solución negociada a pesar de la falta de voluntad” del Ejecutivo venezolano para “comprometerse con un proceso de negociación creíble”.
A continuación el sumario de la Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho de Venezuela de 2018 que llegó a Runrun.es llegó a través de una fuente anónima:
Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018 by runrunesweb on Scribd
Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho de Venezuela de 2018
Título I – Ayuda Humanitaria para Venezuela
- U$20 millones en ayuda humanitaria.
- U$20 millones en ayuda a los esfuerzos de países vecinos.
- Coordinación de ayuda humanitaria desde el Departamento de Estado.
- Coordinación de ayuda humanitaria desde las Naciones Unidas.
Título II – Restauración de la democracia y abordar la crisis política en Venezuela
- Reconocimiento a la Asamblea Nacional.
- Propuesta de soluciones diplomáticas apoyadas por los EE.UU. para una salida negociada de la crisis en Venezuela.
- Respaldo al Grupo de Lima.
- Declarar responsables en crímenes de lesa humanidad.
- Respeto a la carta democrática de la OEA.
- $14 millones en ayuda para la sociedad civil democrática y $500 mil en observación electoral futura.
Título III – Avanzar la reconstrucción de Venezuela
- Coordinación financiera interinstitucional para la reconstrucción económica de Venezuela.
- Repatriación de bienes fruto de la corrupción.
Título IV – Restaurar el Estado de Derecho en Venezuela
- Reportar sobre la incursión de funcionarios Venezolanos en el narcotráfico y corrupción.
- Sancionar a personas responsables por actos de corrupción y socavar la gobernanza democrática.
- Hacer pública la información sobre bienes incautados a funcionarios y personas sancionadas.
- Coordinar sanciones con aliados la región (América) y la Unión Europea.
- Sanciones financieras a la deuda venezolana.
- Sanciones adicionales a la deuda venezolana.
- Expansión de sanciones y sancionados en temas de narcóticos de la lista Kingpin.
- Excepciones para asistencia y ayuda humanitaria.
- Preocupaciones por transacciones entre PDVSA y Rosneft.
- Reporte sobre actividades de agentes de países extranjeros y actores no gubernamentales en Venezuela.
Título V – Sanciones a la criptomoneda y asegurar la efectividad de las sanciones estadounidenses
- Sanciones a la criptomoneda Venezolana y tecnologías relacionadas.
- Reporte sobre el impacto de las criptomonedas a las sanciones de EE. UU.
Título VI – Finalización
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Extensión o finalización de sanciones contra Venezuela.
*Con información de EFE
