El pasado fin de semana en Venezuela se ha vuelto a repetir un episodio que es, desgraciadamente, ya demasiado común.
Nuevamente la Policía de Maduro cargó contra los estudiantes. Pero no sólo eso: se decretaba prisión para 11 jóvenes que habían sido detenidos este pasado 8 de mayo por su participación en los campamentos en los que se pedía acabar con la represión y se soñaba con un país verdaderamente democrático.
El sábado por la noche se supo que los fiscales imputaban a estos estudiantes delitos como porte de armas de fuego, asociación ilícita, incitación a la desobediencia, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción de las vías públicas, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias.
No es difícil de comprender que con este tipo de acciones, el Gobierno trata de arredrar a aquéllos que en los últimos meses han llevado la batuta de la lucha contra un régimen putrefacto que sólo sabe servirse de los instrumentos democráticos para ponerlos a su servicio y así violar cualquier vestigio de independencia judicial que quede en el país.
Con estas credenciales, la oposición no tiene más remedio que exigirle transparencia en cualquier tipo de juicio que se lleve contra los estudiantes privados de libertad.
Debe quedar aún más de manifiesto que Maduro está despreciando las garantías esenciales, a la vez que dice que busca tender la mano para buscar una solución.
Lo dice el refrán “A Dios rogando… y con el mazo dando”. Parece evidente que el Gobierno está utilizando nuevamente su poder para mostrarse ante la comunidad internacional como un líder dialogante y pacificador mientras que en realidad no da tregua a aquéllos que no comulgan con sus ideas.
