La suspensión del envío de remesas familiares a Colombia y el cambio de requisitos para tramitar los despachos de dinero hacia el exterior han complicado la situación de esas empresas.
Las operaciones de las casas de cambio se encuentran prácticamente detenidas, tras la suspensión del envío de remesas familiares a Colombia, así como por los cambios de requisitos para tramitar los envíos de dinero hacia el exterior.
Las empresas que conforman la Asociación Venezolana de Casas de Cambio explicaron a través de un comunicado de prensa que, a raíz de la aplicación de las normativas de las Providencias 123 y 126 (publicadas en fecha de 24 de enero y 7 de febrero respectivamente) las casas de cambio tienen más de 60 días con 85% de sus operaciones paralizadas.
A través de la Providencia 123 se establecieron los nuevos requisitos para el trámite de la autorización de adquisición de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. Por su parte, la Providencia 126 suspendió el trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en Colombia, hasta tanto el ente regulador instrumente el mecanismo y las nuevas condiciones para tal fin.
“Los miembros que conforman la Asociación Venezolana de Casas de Cambio hacen un llamado a las autoridades competentes para unir esfuerzos en la búsqueda de los instrumentos idóneos para la reactivación del mercado”, indica un comunicado.
Adicionalmente, solicitan al directorio del Banco Central de Venezuela y al Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública considerar la posibilidad de que las casas de cambio sean autorizadas a participar en las operaciones del SICAD II, con el fin de beneficiar a personas de bajos recursos y a pequeñas y medianas empresas (PYMES).
“Resulta una gran preocupación para las casas de cambio que, de mantenerse la situación, se ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y comerciales, lo que conduzca a la pérdida de capital y posteriormente, a que estas organizaciones no puedan mantenerse operando”, indica el comunicado.
Las casas de cambio afectadas emplean a más de 2.000 personas en 152 oficinas a nivel nacional y prestan servicios a unos 175.000 usuarios.
