A la historia de resentimiento entre esa institución y el gobierno del PSUV se deben sumar las limitaciones propias de la organización hemisférica. El oficialismo venezolano no olvida que, mientras se perpetraba el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002, la OEA no podía activar la recién creada Carta Democrática Interamericana, que debía revertir ese tipo de situaciones. Desde ese entonces, la virulencia del gobierno chavista, y ahora de Nicolás Maduro, contra esa institución no ha cesado.
Normalmente, la OEA dispone de tres mecanismos de acción para evitar una degradación en la calidad de las democracias y para poner fin a la inestabilidad. Se trata de la Resolución 1080 de 1991, del Protocolo de Washington de 1992 y de la Carta Democrática Interamericana de 2001. Los tres instrumentos deben operar cuando una interrupción del orden democrático tiene lugar.
No obstante, tres razones explican la inaplicabilidad de estos instrumentos en la actualidad venezolana. Primero, la OEA ha tratado de promocionar la democracia representativa como ideal de sistema político. Esto va en contravía de la versión participativa que se ha tratado de profundizar en la mayoría de los países andinos, incluido Colombia. De allí que sea difícil reivindicar una versión de la democracia que no es del todo compatible con una directa como la que pretender consolidar Maduro.
En segundo lugar, estos instrumentos han sido invocados una vez los estados enfrentan una amenaza al orden constitucional, como cuando existe la sospecha de un golpe, como ocurrió en Paraguay en 1996. En ese momento, el presidente Juan Carlos Wasmosy le pidió la renuncia al general Lino Oviedo y éste se negó. La hipótesis de un golpe tomó fuerza y el secretario general de entonces, Cesar Gaviria, medió para evitar una crisis mayor, que de todas formas estalló años después. En el caso venezolano, quien podría invocar estos instrumentos paradójicamente sería Maduro. Si Venezuela considera que su democracia está amenazada, podría llevar el caso a la OEA, aunque por obvias razones no lo hará.
Por último, no existe un consenso sobre la legitimidad de la OEA en este tipo de crisis. Difícilmente, los estados de Suramérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, en cabeza de gobiernos de izquierda, estipularán que, de haber una interlocución por parte de un organismo regional, deberá darse por la vía de la Unasur o de la Celac. Poco o nada puede hacer la OEA.
