La reactivación del juicio contra el diario Correo del Caroní, cuya sentencia está prevista para la tarde de este jueves 10 de marzo, fue calificada como de “violencia institucionalizada” por Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público.

En la página web del Correo del Caroní se explica que el juicio por difamación e injuria en contra de su director, David Natera Febres, fue reactivado el miércoles 9 de marzo.

Recuerdan, además, que el proceso judicial tiene como raíz la cobertura informativa que hizo el medio de comunicación en 2013, acerca de las denuncias y posterior investigación del Ministerio Público sobre la corrupción en Ferrominera Orinoco.

El juicio podría desembocar en alguno de estos desenlaces: el sobreseimiento de la causa –que daría pie a un segundo juicio civil en contra, esta vez, de Editorial Roderick-; la culpabilidad de Natera Febres, por lo que se enfrenta hasta a dos años y medio de prisión; y la absolución del director de Correo del Caroní.

 Al respecto, el director de Espacio Público afirma que se trata de “un mecanismo de violencia institucionalizada. Reactivar un proceso judicial viciado, luego de tres años paralizado, es una situación que evidencia un ensañamiento deliberado en el que se está utilizando al Poder Judicial en contra de un medio que sencillamente intentaba hacer su trabajo”.

Dinámica de inhibición

Correa sostiene que “hay unos componentes que se han venido utilizando tanto en instancias administrativas como en instancias judiciales, mediante los cuales algunos tribunales deciden sobre qué temas se puede o no hablar».

Menciona el caso de Cedice, cuya campaña sobre la amenaza sobre la propiedad privada fue prohibida, luego de que un tribunal determinara que tal amenaza no existía, ergo, no se podía difundir la campaña. Hace referencia también a la demanda que el diputado Diosdado Cabello presentó en contra de los medios Tal Cual, La Patilla y El Nacional, la cual derivó en una querella civil.

“Básicamente, se están haciendo juicios que tienen una sanción de naturaleza penal y la posibilidad de un procedimiento en materia civil, que va en función de los bienes, en este caso, del patrimonio de los medios de comunicación”, explica Correa.

“Este tipo de medidas lo que hace es reducir el vigor del debate; porque la libertad de expresión no es que tú puedas decir lo que quieras, sino que por ello no tengas repercusiones ulteriores”, argumenta.  

Límites a la libertad de expresión e información

El también profesor universitario explica que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en el juicio contra Correo del Caroní se está torciendo la interpretación de los códigos venezolanos y la interpretación de la Constitución -que en el Art. 57 consagra la prohibición de la censura previa-, para castigar a un medio de comunicación.

“Esto es un mecanismo de censura previa, una acción que busca el silencio de los medios. Cualquier medio al que mañana llegue información sobre un caso de corrupción, se va a ver en el espejo de Correo del Caroní y probablemente se inhibirá de investigar o de publicar la información”, dice Correa.

Esta decisión podría sentar un precedente muy peligroso, afirma, ya que llevará a que los periodistas sepan que podrán ser objeto de una persecución penal y después de una demanda de naturaleza civil, que puede enajenar los bienes que estén a su nombre. “Eso limitará los temas que se debatirán en la sociedad”, agrega.

“Si bien ningún periodista va a reconocer que se inhibe de realizar ciertas investigaciones por temor a represalias legales, la reducción en la publicación de informaciones sobre temas sensibles al poder, evidencia que la autocensura es real”, argumenta Correa.

“¿Cómo es posible que un caso de genuino interés público, como el que investigó Correo del Caroní, no se pueda divulgar, que no se pueda hablar de ello? Queda claro que hablar sobre corrupción en este país tiene consecuencias ulteriores dependiendo de sobre quién estés hablando”, concluye.