Los líderes de la denominada “Revolución Bolivariana” han estado en la “mira” desde hace 15 años, pues desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 hasta las más recientes alocuciones de su hijo político, Nicolás Maduro, han sido 74 las veces que el Gobierno ha denunciado un intento de magnicidio contra sus principales figuras.
La más reciente denuncia de magnicidio corresponde al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien acusó a la oposición de intentar desestabilizar al país desde el pasado 8 de diciembre cuando se celebraron las elecciones municipales, pero que comenzó a ejecutarse el 12 de febrero cuando inició una ola de protestas en el país.
Rodríguez basó sus denuncias en una serie de correos electrónicos supuestamente enviados por la exdiputada María Corina Machado al abogado Gustavo Tarre, al exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer y al exembajador de la ONU, Diego Arria. Se menciona también a Eligio Cedeño como el financista y al embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker.
Pero la historia del magnicidio es larga y repetitiva. De las 74 denuncias, 54 se corresponden al mandato de 14 años de Chávez y las 20 restantes las ha denunciado el equipo de Gobierno de Maduro a lo largo del último año, que ha estado signado por una crisis política y económica, según detalla un estudio de ORC Consultores.
Además 38 de las 74 denuncias no han tenido un conspirador específico, sino que ha sido bajo figuras como la oposición, Estados Unidos, medios de comunicación social o “la ultraderecha”.
Bajo mira
George W. Bush fue, durante años, la figura más acusada por el Gobierno de planificar un magnicidio contra el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, con cinco menciones. Igualmente la Central de Inteligencia Americana (CIA) tuvo otras cuatro, al igual que el excandidato presidencial de la oposición, Manuel Rosales y el exconsultor de Pdvsa, Pedro Burelli. El abogado Ricardo Koesling fue nombrado en tres ocasiones.
El excandidato presidencial, Henrique Capriles, la exdiputada, María Corina Machado y el asesor político, Juan José Rendón han sido mencionados sólo en una ocasión, mientras que el exembajador ante la ONU, Diego Arria cuenta con dos menciones.
En el registro se señala que 2008 fue el año en que abundaron las denuncias de magnicidio con 16, mientras que el año pasado se registraron otras 15 y en 2007 unas 12.
Lo curioso es que del total sólo se han tomado medidas en 18 casos, de los cuales 14 ha terminado con detenidos y en cuatro de ellos han sido liberados inmediatamente.
En contexto
Según el director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, las denuncias de magnicidio obedecen a un guion repetido que victimiza al Gobierno en momentos en los que la opinión pública se muestra en descontento con las autoridades. “Es un recurso desgastado por el Ejecutivo”.
Datos de mayo de la encuestadora Venebarómetro indican que siete de cada 10 venezolanos manifestaban descontento con respecto a la economía. “Las denuncias de magnicidio están asociadas a momentos de baja popularidad del Jefe de Estado”, apuntó Ramírez.
La otra razón de las denuncias es generar una matriz de opinión para desviar la atención de la población sobre asuntos fundamentales, como la crisis económica, apunta Ramírez, quien recordó que la inflación de abril fue alrededor de 5,7%, mientras que la pobreza aumentó de 21% a 29%, a lo cual se suma un desabastecimiento cercano al 30%. “La herramienta recurrente es apelar a la generación de una matriz de opinión con el tema de magnicidio”.
Objetivo internacional
El politólogo detalló que en los señalamientos más recientes del supuesto magnicidio se suma un objetivo adicional: desestimar las denuncias internacionales en torno al tema de las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
“Al involucrar figuras del gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo busca desviar la atención del pueblo y el rechazo mundial al Gobierno venezolano, específicamente lo que pasa en la Cámara del Senador que aprobó una ley para sancionar a funcionarios”, expresó Ramírez.
