La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional realizó la mañana de este miércoles una sesión junto con miembros de la sociedad civil para debatir la detención del diputado Juan Requesens (Táchira-PJ), hecho llevado a cabo el pasado 7 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La diputada Delsa Solórzano (Miranda-UNT) ofreció declaraciones a los medios de comunicación previo al inicio de la sesión. Aseguró que Requesens se suma a una lista de más de 400 “secuestrados políticos” y que el Gobierno lo mantiene “encerrado en una mazmorra del Sebin en El Helicoide, donde permanece aislado de sus familias, abogados y personas de confianza”. Aprovechó para resaltar que la Constitución nacional señala en su artículo 44 que cualquier privado de libertad debe tener contacto con allegados. La parlamentaria solicitó a su vez que se permita la entrada de delegados de la Unión Interparlamentaria Mundial, organismo que se ha pronunciado reiteradamente respecto al enjuiciamiento del dirigente opositor.

Por su parte, Joel García, quien funge como uno de los abogados del diputado Requesens, aclaró que debido a que el mismo fue aprehendido tres días después del hecho del que se le acusa, no es válido el señalamiento de flagrancia que utilizan funcionarios gubernamentales como justificativo para su detención. García dejó claro que “un diputado no puede ser sancionado por sus dichos y debe gozar de un antejuicio de mérito previo al allanamiento de su inmunidad parlamentaria” y advirtió que aun si la Asamblea Nacional Constituyente fuese un “órgano legítimo” no se encontraría facultada para despojarlo de dicho beneficio constitucional.

Recordó que el video difundido por el Gobierno en el que Juan Requesens “confiesa” haber colaborado con el diputado Julio Borges en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro no fue incluido en las evidencias presentadas durante la audiencia judicial. Indicó que dicha confesión carece de legalidad puesto que para que declaraciones incriminadoras puedan ser válidas deben ser realizadas frente a abogados defensores y funcionarios del Ministerio Público.

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