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CEV: sentencias del TSJ apuntan a nueva crisis que atenta contra la democracia

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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó como “moralmente inaceptables y reprochables”  las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que disolvieron el Parlamento, a través de un comunicado emitido el pasado viernes 31 de marzo.

La misiva fue firmada por la Presidencia de la CEV, representada por el arzobispo de Cumaná, monseñor Diego Padrón, y ahí se subraya que la acción de la máxima corte “es un claro indicio de que se trata de una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos”.

 

Comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia

1.- Los acontecimientos de los últimos días, la reunión de la OEA y las decisiones del TSJ, plantean a la conciencia de los que habitamos este país una seria reflexión. Lo sucedido ha repercutido en las instancias políticas, jurídicas y sociales nacionales e internacionales. Es un claro indicio de que se trata de una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos.

2.- En nuestra condición de pastores de la Iglesia Católica, sentimos que estamos ante unas ejecutorias que desconocen e inhabilitan el órgano público que representa la soberanía popular, en función del ejercicio omnímodo y unilateral del poder, sin tomar en cuenta a la gente. Son decisiones moralmente inaceptables y, por tanto, reprobables. Las dos sentencias, producto de unas medidas que sobrepasan el ejercicio equitativo del poder, han provocado reacciones de numerosos países y pueden generar en Venezuela una escalada de violencia.

3.- Existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder. La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso.

4.- Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a él le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable.

5.- Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. Es más bien una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo gobierno debe ser el primer garante. Por el contrario, es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom. 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país (Exhortación de la CEV, Enero 2017).

6.- Estamos muy cerca de la Semana Santa. Para los católicos la conmemoración de los atropellos contra Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.

7.- Como católicos, debemos vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, las celebraciones litúrgicas y los actos piadosos, con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad, en medio de las naturales diferencias, propias de los seres humanos.

8.- Invocamos la Intercesión del Nazareno y de María Santísima para que esta hora menguada que vive nuestra patria encuentre, en la sensatez y prudencia de sus hombres y mujeres, los caminos para superar tan grave y riesgosa crisis. Con nuestra afectuosa bendición episcopal.

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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó como “moralmente inaceptables y reprochables”  las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que disolvieron el Parlamento, a través de un comunicado emitido el pasado viernes 31 de marzo.

La misiva fue firmada por la Presidencia de la CEV, representada por el arzobispo de Cumaná, monseñor Diego Padrón, y ahí se subraya que la acción de la máxima corte “es un claro indicio de que se trata de una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos”.

 

Comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia

1.- Los acontecimientos de los últimos días, la reunión de la OEA y las decisiones del TSJ, plantean a la conciencia de los que habitamos este país una seria reflexión. Lo sucedido ha repercutido en las instancias políticas, jurídicas y sociales nacionales e internacionales. Es un claro indicio de que se trata de una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos.

2.- En nuestra condición de pastores de la Iglesia Católica, sentimos que estamos ante unas ejecutorias que desconocen e inhabilitan el órgano público que representa la soberanía popular, en función del ejercicio omnímodo y unilateral del poder, sin tomar en cuenta a la gente. Son decisiones moralmente inaceptables y, por tanto, reprobables. Las dos sentencias, producto de unas medidas que sobrepasan el ejercicio equitativo del poder, han provocado reacciones de numerosos países y pueden generar en Venezuela una escalada de violencia.

3.- Existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder. La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso.

4.- Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a él le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable.

5.- Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. Es más bien una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo gobierno debe ser el primer garante. Por el contrario, es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom. 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país (Exhortación de la CEV, Enero 2017).

6.- Estamos muy cerca de la Semana Santa. Para los católicos la conmemoración de los atropellos contra Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.

7.- Como católicos, debemos vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, las celebraciones litúrgicas y los actos piadosos, con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad, en medio de las naturales diferencias, propias de los seres humanos.

8.- Invocamos la Intercesión del Nazareno y de María Santísima para que esta hora menguada que vive nuestra patria encuentre, en la sensatez y prudencia de sus hombres y mujeres, los caminos para superar tan grave y riesgosa crisis. Con nuestra afectuosa bendición episcopal.

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