La semana próxima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará un caso venezolano de hace varios años que está vigente con el paso del tiempo.

En 2004, el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela, un organismo gubernamental, despidió a tres empleadas. Aunque las cartas de despido no explicitaban ningún motivo para el despido, un alto funcionario les dijo que estaban siendo castigadas por haber firmado una petición a favor de un referéndum revocatorio contra el entonces Presidente Hugo Chávez.

Casi 13 años después, el caso de estas mujeres pone a prueba principios que, ahora más que nunca, están en jaque en Venezuela. La oficina pública a cargo de cuestiones aduaneras y tributarias despidió a decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Los medios de comunicación han informado que cientos de otras personas que apoyaron el referéndum habrían sido despedidas en circunstancias similares, y un programa oficial que distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a precios controlados por el gobierno también habría discriminado a críticos.

En un memorial de amicus presentado ante la Corte Interamericana esta semana, Human Rights Watch sostuvo que los derechos de los ciudadanos a expresar opiniones y participar en el proceso político implican no sólo poder votar en elecciones, sino además no ser objeto de represalias por manifestar su opinión. Esto incluye la prohibición de ser arbitrariamente despedido de empleos públicos.