El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, José Ramón Arias, instó a la directiva de la Asamblea Nacional, a denunciar ante los organismos internacionales la violación flagrante a los derechos humanos y de la Constitución, que aseguró, viene cometiendo quienes encabezan actualmente el poder ejecutivo, electoral, judicial y moral en Venezuela.

Expresó que el accionar de estos cuatro poderes debe ser autónomo, pero aseguró, que actualmente están subordinados a las decisiones y directrices que le ordena el presidente Nicolás Maduro, quien preside el poder ejecutivo nacional.

Arias aseguró que solamente la Asamblea Nacional, “es el único poder en el país que sostiene la República, pues actúa y legisla apegado a lo que establece en la Constitución”, por eso expresó su respaldo a los diputados de la AN que la semana pasada acudieron al Consejo Nacional Electoral, para cumplir con un trámite administrativo corriente, como fue introducir la solicitud al poder electoral de que cumpla con sus obligaciones y Constitución.

Expresó que al observar la actuación de la Fuerza Armada Nacional y el silencio del ente electoral al no dar a conocer el programa electoral de este año, “parece es que desafían no solo al pueblo de Venezuela, sino al mundo entero, violando la Constitución y cometiendo delitos de lesa humanidad”, expresó Arias.

El parlamentario regional señaló que “quienes dirigen el poder electoral suspendieron el revocatorio con sentencias no vinculantes, suspendieron las elecciones de gobernadores, sin ningún tipo de justificación, y tampoco publica el cronograma de las elecciones municipales y esto es una violación a los derechos humanos de los venezolanos, porque que los derechos civiles y políticos, se encuentra el derecho de elegir y esto forma parte de los tratados internacionales que firmó Venezuela”.

Agregó que el poder judicial encabezado por el TSJ insiste emitir sentencias, desconociendo la AN, “como el poder más legítimo que tenemos los venezolanos”. Denunció que el TSJ no cumple la legitimidad, como tampoco sus integrantes, cumplen con los requisitos que establece la ley para ser magistrado.

Dijo que el poder ejecutivo nacional tiene responsabilidades sobre lo que sucede en el país y que quien lo encabeza, “con medidas ilegales”, no quiso que fuera evaluada su gestión a través del referendo revocatorio. Al poder moral republicano, en este caso la Fiscalía la señalo de “hacerse la vista gorda con todas las denuncias de corrupción que se han presentado”, entre ellas contra el Ministro de Alimentación, Marcos Torres y el ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.