En la Asamblea Nacional rechazan los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce los actos y las leyes que emanan de un Poder Legislativo legítimamente constituido. Los diputados Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, y Ángel Medina, de la bancada de Primero Justicia, denunciaron un golpe de Estado continuo no contra la oposición, sino dirigido al pueblo.
“La desarticulación del Parlamento constituye un golpe de Estado de facto que inhabilita la eficiencia del Poder Legislativo. Con este golpe de Estado del TSJ a la Asamblea Nacional se castra la voluntad popular y se desvirtúa el sufragio”, afirmó Calzadilla.
La Sala Constitucional dictaminó el 2 de septiembre: “En ejercicio de lo previsto en los artículos 335 y 336.1 del Texto Fundamental, se declaró inconstitucionales y, por ende, nulos, los actos emanados de la AN, incluyendo las leyes sancionadas desde el 28 de julio, fecha en la que se incorporaron Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación como diputados está suspendida mientras se decide la impugnación del proceso electoral, lo que configuró un desacato a la sentencia n° 108/2016, dictada por la Sala Electoral”.
Calzadilla resaltó que el Legislativo se han ajustado a sus potestades sin contraponerse al Estado: “Lo que más sorprende de esta postura del TSJ es que está plenamente asociada a la vocería política del gobierno y el PSUV. El cúmulo de leyes que pretenden inhabilitarse tienen un alto contenido social y son para el pueblo, con lo cual estas acciones de nulidad forman parte de las contradicciones del oficialismo”.
