El más reciente informe, realizado en mayo pasado y hecho público este viernes 12, del subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones  Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (GANHRI), recomienda degradar a la Defensoría del Pueblo de Venezuela a categoría B.

La mencionada instancia es el órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cargo de evaluar a las defensorías del pueblo, o sus equivalentes, en todo el mundo.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó que la sugerencia, inusual, indica que –de acuerdo con el criterio predominante- la Defensoría del Pueblo no está llevando a cabo su labor en sujeción a las pautas establecidas en los llamados Principios de París.

Del extenso documento, donde se detalla el análisis de decenas de otras naciones evaluadas, se desprenden abiertos cuestionamientos a la independencia de la institución venezolana, por lo cual se aconseja bajar su calificación de A a B.

Entre otros rasgos irregulares y de inclinación de la DP hacia el gobierno, el subcomité observó que el órgano del Poder Moral no hizo declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país: juicios de civiles en tribunales militares; juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta; amenazas del presidente Nicolás Maduro de incoar procedimientos penales contra líderes sindicales; la retirada de Venezuela de la Convención Americana sobre DD HH; el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana en nombre de víctimas de violaciones de los DD HH en Venezuela; la detención continua de la juez María Lourdes Afiuni; la detención continua de Leopoldo López y sus denuncias de haber sido torturado; la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de febrero de 2014, en la que instó al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden público actuaran de forma acorde con las normas internacionales, declaración que estaba en sintonía con la que había realizado el Secretario General unos días antes; las preocupaciones expresadas por el actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD HH en octubre de 2014 respecto de la detención de manifestantes, entre ellos Leopoldo López, cuya detención fue considerada arbitraria.

Última palabra

Uzcátegui pidió tener en cuenta que la recomendación fue impugnada por la institución del Poder Moral, por lo cual queda sujeta a revisión final en la reunión de la GANHRI convocada  para los próximos 12, 13 y 14 de octubre en Berlín, Alemania, donde se tomará la decisión definitiva.

“En teoría, la Defensoría del Pueblo podría asistir a la pre-sesión del Examen Periódico Universal de Venezuela si así lo desea, pero con plomo en el ala”,  expresó el vocero de Provea.

En opinión de Uzcátegui, “la más indignante afirmación” contenida en el informe está relacionada con el caso del dirigente estudiantil, Lorent Saleh, respecto al cual la DP, cuestionada por esa detención, replicó: “Lorent Saleh y Gabriel Valle han pedido a través de sus familiares no ser trasladados a otro centro de reclusión, lo que confirma que se encuentran en buenas condiciones”.

Con arreglo al artículo 8 del Reglamento del subcomité, toda decisión conducente a retirar la acreditación de clase “A” de un solicitante solo podrá ser tomada después de haber informado al solicitante sobre esa intención y de haberle dado la oportunidad de proporcionar por escrito, en el plazo de un (1) año a partir de la recepción de dicho aviso, los documentos de respaldo que se juzguen necesarios para establecer la continuidad de su conformidad con los Principios de París.

Acceda aquí al informe completo:

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