Sara Schaefer Muñoz / The Wall Street Journal

Para el décimo cumpleaños de su hijo Jurgen, Julien Quiseno tenía pensado prepararle una pequeña torta e invitar a algunos familiares para celebrar en su casa de bloques de hormigón en las afuera de San Antonio del Táchira, en Venezuela.

Hace un par de semanas, sin embargo, soldados venezolanos se presentaron en su casa y la deportaron por ser colombiana y residir en Venezuela sin documentos. El jueves pasado, el día del cumpleaños de Jurgen, lo pasó en un refugio temporal en esta ciudad fronteriza. El niño, sus dos hermanos y la madre de Quiseno, que son ciudadanos venezolanos, siguen al otro lado de la frontera.

“Ha sido tan malo, tan difícil” dijo Quiseno, una madre soltera de 31 años con ojos oscuros y serios y cabello largo atado en una cola. “Pero ya vendrán otros años, otros cumpleaños. Sólo tengo que esperar”.

Quiseno es una de más de 16.000 personas que según Naciones Unidas han sido deportadas o han huido de Venezuela desde el 19 de agosto, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó repentinamente que se cerrara la usualmente permeable frontera y que se expulsara a los colombianos indocumentados. Maduro, cuyo partido socialista enfrenta una dura lucha electoral en diciembre, culpa a los inmigrantes colombianos por el crimen rampante y la escasez de alimentos que abruman a Venezuela.

La de Quiseno es una de las decenas de miles de vidas que han sido perturbadas a lo largo de esta activa frontera. Familias han sido separadas. Los colombianos desplazados regresan a su tierra buscando alimento y refugio, muchos de ellos arrastrando sus electrodomésticos, muebles y otras pertenencias a través del río Táchira.

Las comunidades a lo largo de la frontera de 2.217 kilómetros han albergado a familias de ambas nacionalidades durante décadas. El área metropolitana en torno a Cúcuta y San Antonio es el hogar de cerca de tres millones de habitantes, muchos de las cuales cruzan la frontera a diario. Los miles de personas que se ganaban la vida transportando bienes de un lado al otro, tanto legales como ilegales, desde aquellos que cambian divisas a los que revenden gasolina venezolana, han visto cómo sus actividades se han paralizado.

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