La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la persecución judicial de la que han sido objeto El Nacional, Tal Cual, La Patilla por parte del gobierno venezolano.
Mediante un comunicado, la CIDH pidió que cese el hostigamiento a estos medios en aras de preservar la libertad de expresión y el desarrollo de un periodismo crítico.
A continuación reproducimos parcialmente el comunicado de la CIDH:
En enero de 2015 los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patillareprodujeron la información de una nota originalmente publicada por el diario ABC de España. Las notas contenían citas textuales y capturas de imágenes del reportaje del diario español que hacía referencia a las investigaciones que autoridades estadounidenses estarían realizando a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por presuntos nexos con el narcotráfico. Los diarios también reprodujeron otras notas de diarios internacionales que ampliaron la informaciónsobre el mismo tema.
El 21 de abril de 2015 el diputado Diosdado Cabello demandó penalmente a Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, Teodoro Petkoff y al resto de las directivas de El Nacional, Tal Cual y La Patilla por la comisión del delito de “difamación agravada continuada” en su contra, por reproducir la información que fuera recabada y difundida por ABC de España sobre su supuesto involucramiento en actividades de narcotráfico. El 25 de abril de 2015 el tribunal encargado de Caracas, admitió la demanda y decretó una medida de prohibición de salida del país para todos los demandados y estableció un régimen de presentación periódica en el tribunal.
El 12 de agosto de 2015 la Justicia notificó que había admitido la demanda civil por daños morales presentada por el diputado Diosdado Cabello contra los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, y que según La Patilla asciende a mil millones de bolívares (entre 5 y 78 millones de dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de cambio utilizado) más costos legales. Asimismo, se les habría notificado la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes bajo órdenes del juzgado encargo del caso. Esta nueva demanda civil estaría motivada por la reproducción de la referida nota periodística del diario ABC.
Aunado a lo anterior, los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, sus periodistas y directivos particularmente Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, y Teodoro Petkoff han estado sometidos a ataques verbales y descalificaciones por parte de altos funcionarios públicos del Estado, poniendo en riesgo el ejercicio de su profesión y oficio de comunicadores sociales. Otero, Petkoff y Ravell en diferentes ocasiones han sido descalificados y acusados de “conspiradores” a través de medios de comunicación públicos de amplia difusión, por parte de Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro. Ambos funcionarios también dieron a conocer detalles de sus actividades en Venezuela y en el exterior.
La Corte y la Comisión Interamericana han establecido que las declaraciones estigmatizantes efectuadas por altos funcionarios públicos contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad. De igual forma, la repetición de estas declaraciones puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión por parte de ciertos sectores de la población frente a estas personas.
La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y que en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales, y criticar al gobierno—ya que la ciudadanía tiene un derecho correlativo a ser informada sobre lo que ocurre en la comunidad— . También se ha reconocido que los periodistas tienen el derecho a difundir en su país información sobre temas de legítimo interés público que están disponibles en la prensa extranjera.
La Comisión también ha indicado que el uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público, es incompatible con la Convención Americana. En particular, “la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad”.
Respecto del temor a una sanción civil desproporcionada, la Corte Interamericana ha indicado que “puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.
Lee el comunicado completo aquí.
