José Pérez Venta, uno de los acusados de asesinar a Liana Hergueta, confesó en un video (difundido por VTV) haber recibido entrenamiento paramilitar para perpetrar planes violentos que, según dijo eran ordenados por la oposición, con financiamiento proveniente de Colombia.
En el material audiovisual, difundido en el programa En contacto Con Maduro, Pérez Venta explicó que para llevar a cabo las acciones de “La Salida” recibió entrenamiento de colombianos, que tenían conocimientos en el manejo de artefactos explosivos.
Indicó que en estas acciones, coordinadas por Lorent Gómez Saleh, privado de libertad desde el pasado 8 de septiembre, se contaba con la presencia de paramilitares, quienes “impartían el orden cerrado, la instrucción de cómo enfrentar o detectar situaciones de emergencias”. Además, buscaban a jóvenes que realizaran “la colocación de artefactos, que fueran radicales, y se les iba a pagar en dólares”.
A su vez, manifestó que María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Richard Blanco, a quienes señala de haber promovido estas acciones, tenían conocimiento de los hechos que iban a ocurrir tras la entrega del documento a las autoridades del Ministerio Público (MP) luego de la marcha convocada para el 12 de febrero del año pasado.
“Se hizo una marcha. Fue supervisada hasta la esquina del MP, pero había un grupo de la resistencia preparado para enfrentarse al piquete que estaba a una cuadra siguiente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y desplazarse hacia los lados para generar la confusión y posteriormente empezar lo que fuera la salida de estos líderes”, subrayó Pérez Venta.
Según él, también se celebraron reuniones privadas con el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, cuyos lineamientos eran “el financiamiento completo y perpetuo para los enfrentamientos en los disturbios” de principios de 2014. También señaló como financista a una mujer llamada Betty Grossi, así como a los congresistas estadounidenses Ileana Ross – Lehtinen y Marco Rubio, y la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso.
De igual forma, señaló que en estas acciones se encontraban implicados el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el encargado de negocios del gobierno estadounidense en Venezuela, Phil Laidlaw, este último contactado por Gaby Arrellano.
Pérez Venta dijo que, en su encuentro con Laidlaw, recibió 1.000 dólares para los planes desestabilizadores que se desarrollaban en aquel momento. Igualmente, detalló que Antonio Rivero, miembro de Voluntad Popular, fue el encargado de organizar la colocación de guayas en las calles, lo cual provocó la muerte de motorizados.
De igual forma, dijo haber mantenido reuniones con el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, en su despacho. En estos encuentros se trazó un “plan para las movidas parlamentarias y la captación de chamos y financiamiento”, sentenció.
Con información de AVN.
