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#MonitorDeVíctimas | 38 presuntos miembros de la banda del “Koki” murieron en operativos policiales posteriores a los tiroteos de julio de 2021

Koki
Karina Peraza Rodríguez
08/02/2022
Estas muertes ocurrieron entre el 10 de julio y el 11 de agosto de 2021, muchas de ellas fuera del área metropolitana de Caracas. Días después la operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro en la Cota 905, que paralizó Caracas los días 7,8 y 9 de julio

 

@KaryPerazaR

 

La violencia desatada en los tres días de operativos policiales que se desarrollaron en la Cota 905 entre el 7 y el 9 de julio de 2021, con el objetivo de buscar a los integrantes de la banda criminal del Koki, según informaron las propias autoridades, llevaron a que muchas familias tuvieran que desplazarse de la zona hacia lugares más seguros.

Se supo que algunas madres sacaron a sus hijos para evitar que los mataran en esos operativos de “limpieza” que hacen los cuerpos de seguridad en el barrio, de acuerdo con el relato de los propios vecinos del sector.

Sin embargo, al parecer, también se desplazaron algunos miembros de la mencionada banda para evitar ser capturados. Hay incluso quienes aseguran que lo hicieron para evitar ser asesinados por los cuerpos de seguridad que tomaron la Cota 905 en esos días.

Audios de Whatsapp con la indicación de que a cierta zona llegó “alguien de la Cota”, llamadas, mensajes a través de redes sociales e informaciones provenientes de lo que los uniformados denominan “patriotas cooperantes” hicieron que la búsqueda de los señalados delincuentes se extendiera hacia otras localidades del área metropolitana de Caracas.

El Koki cayó en operativo policial en Las Tejerías

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Entre el 10 de julio y el 11 de agosto

Según información recopilada por Monitor de Víctimas, esos supuestos rastreos terminaron con la muerte de 38 personas, de las cuales 11 no han sido identificadas. Adicionalmente, de 38, por lo menos 36 fueron señaladas por los cuerpos de seguridad del Estado como supuestos integrantes de la banda que era liderada por alias “Koki”, “Vampi” y “Galvis”.

De acuerdo con el monitoreo que viene realizando Monitor de Víctimas, 30 de esas personas murieron en presuntos enfrentamientos, 6 de los casos fueron denunciados por los familiares de los fallecidos como ejecuciones extrajudiciales.

De los casos en cuestión, dos cadáveres fueron localizados en el río Guaire: un cuerpo tenía una herida de bala y el otro, traumatismos. Con respecto a estos fallecidos, hasta ahora las autoridades no descartan que se hubiera tratado de miembros del mismo grupo criminal. Aseguran que todo parece indicar que eran de la Cota 905. Los hechos son manejados como homicidio.

Estas muertes ocurrieron entre el 10 de julio y el 11 de agosto, pero no hubo fallecidos a diario. Los hechos fueron perpetrados durante 15 días. Hubo un promedio de 2 a 3 personas muertas por jornada.

No solo en el área metropolitana de Caracas

Caracas, Miranda, La Guaira y hasta los estados Carabobo y Anzoátegui han sido escenario de estas 38 muertes. Comisiones mixtas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), PoliMiranda y PoliVargas son los organismos que supuestamente han actuado en estos hechos.

Luis Godoy, comisario de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), explicó que, por lo general, estos operativos de búsqueda se dan como resultado de investigaciones de campo que se realizan a partir de “las capturas o los lamentables fallecimientos en presuntos enfrentamientos”.

“No tengo constancia para poder decir que se trató de casos de resistencia a la autoridad. Se empiezan a generar (las investigaciones) a través de los teléfonos celulares, de lo que se consiguen en las casas o conchas, de la información que se obtiene de quienes pertenecen a la banda, y así se comienzan a identificar a las personas. Posteriormente, se logran las ubicaciones donde pudieran estar escondidos”, señaló Godoy.

El comisario indicó que es normal que los delincuentes busquen salir del barrio para evitar ser aprehendidos.

Eso sí, Godoy advirtió que no existe información fidedigna que indique que se trató de casos de resistencia a la autoridad, así como tampoco de que estos procedimientos hayan estado ajustados a derecho.

De acuerdo con el comisario de la antigua PTJ, ha sido extraño que los familiares de los fallecidos hayan guardado silencio ante lo sucedido. “Normalmente arman mucha alharaca”, dijo.

Los operativos no contribuyen a acabar con la violencia

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Criminología de esa casa de estudios y miembro de REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, indicó que “las víctimas de estos operativos son los jóvenes morenos pertenecientes a los sectores populares. Eso ha sido así en el país por décadas y también sucede en varios países de la región”.

En criterio del investigador, este tipo de operativos no acabarán con la violencia en esas zonas. Informó que desde 2015, a través de varios trabajos sobre las OLP y el uso de la fuerza letal en el país, han explicado que esta violencia institucional de carácter letal, desproporcionada e indiscriminada, no solo termina reconfigurando y empoderando a los grupos delictivos, sino que, además, incrementa las actividades delictivas cometidas por las propias fuerzas de seguridad y genera injustificables costos en vidas humanas.

Ávila agregó que con intervenciones militarizadas reactivas, esporádicas y desproporcionadas solo se benefician las propias fuerzas de seguridad del Estado y los operadores políticos vinculados a estas.

¿Cómo desarticular bandas? Para Ávila, esto se logra con trabajo de inteligencia de alto nivel, respondiendo inicialmente las preguntas más básicas: ¿cómo se articulan?, ¿quiénes las proveen de armas convencionales, armas de guerra y municiones?, ¿quiénes les garantizan protección institucional e impunidad?

“Las bandas grandes y el llamado crimen organizado no pueden surgir ni tener poder sin un mínimo apoyo institucional de policías o militares, fiscales y jueces”, aseveró el investigador.

Debe aplicarse, según el especialista, un trabajo de inteligencia en un doble sentido. Hacia fuera, es decir, hacia la banda y su territorio; y hacia dentro de los propios operadores del sistema.

“Pueden ‘neutralizar’ a algunos miembros o cabecillas de la banda, pero mientras no cese la fuente de protección e impunidad institucional, así como los mercados ilícitos en los que tienen intereses en común, los líderes y miembros de la banda serán rápidamente sustituidos por otros”, explicó el investigador.

Siguiendo con el criterio del investigador, con un serio trabajo de inteligencia se reducen los objetivos y se es más eficiente. Para Ávila, “incluso desde el punto de vista militar, las razias policiales, detenciones y matanzas masivas e indiscriminadas no solamente son un derroche innecesario de recursos, sino que además sus costos sociales y en vidas humanas los hacen injustificables desde todo punto de vista”.

Señaló que, si bien es cierto que en los primeros días de operativos hubo fuego cruzado, porque existe evidencia de que hubo funcionarios fallecidos, también habría que evaluar bien qué sucedió en los días posteriores.

Advirtió  que “tradicionalmente cuando hay funcionarios fallecidos sus compañeros de armas posteriormente se toman la justicia por propia mano, de manera ilegal, desproporcionada e indiscriminada”. Los casos de Kennedy y la torre Viasa son emblemáticos en este sentido, agregó.

“Parte de nuestro trabajo de investigación académica consiste en la elaboración de indicadores de abuso en el uso de la fuerza letal. Internacionalmente se considera que un número superior a 10 civiles fallecidos por cada funcionario muerto es un claro indicador de que la fuerza letal tuvo una motivación distinta a la protección de la propia vida en una situación de emergencia”, explicó.

“Otro indicador, que se encuentra en la literatura médica, es la relación entre heridos y fallecidos. En contextos bélicos se espera que el número de heridos sea muy superior al número de fallecidos; cuando ocurre lo contrario, se puede estar en presencia de masacres. En tercer lugar, se espera que en un Estado de Derecho quienes cometan delitos sean procesados de acuerdo con la ley; así que en estos procedimientos debería procurarse tener más detenidos que fallecidos”, añadió.

“Más allá de la actual coyuntura, lo que hemos observado en nuestros trabajos de los últimos años es que en Venezuela la mayoría de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes. Son más el resultado de despliegues de un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos”, señaló Ávila.

Todo fallecido debe ser identificado y entregado a su familia

El comisario Godoy afirmó que las personas que fallecen en procedimientos policiales deben ser identificadas. “Aunque tenga (la víctima) un carnet o un pasaporte encima, eso no significa que es su identidad”, dijo.

El exfuncionario explicó que, una vez que están frente al cadáver, los investigadores del Cicpc deben hacer un trabajo de carácter obligatorio que consiste en tomar las huellas del cadáver. “Es lo que llamamos necrodactilia, y se compara con registros policiales o con las huellas cotejadas en el sistema Saime; incluso, 99 % de las identificaciones se hacen por esta vía. Pero por ley debe estar identificado”, dijo.

En caso de que el Estado esté enterrando a las víctimas sin identificación y en fosas comunes, se estaría incurriendo en un delito, advirtió Godoy. “Todo cadáver tiene un doliente y para ser enterrado y tener un acta de defunción debe estar identificado”, subrayó.

“Cuando quieren controlar un entierro y no dejan que los familiares ni nadie lo pueda ver, no hay otra razón que el hecho de que están ocultando una evidencia que presenta el cadáver como tal, y que no está escrita en el informe del forense”, aseveró Godoy.

“Seguramente, en esos casos el cadáver debe tener una serie de lesiones que son una evidencia y que a alguien le interesa que no se sepa, porque lo lógico es que el cuerpo se entregue al familiar y no que se entierre directamente”, señaló.

En este sentido, el investigador Ávila indicó que en los casos de muertes por intervención de la fuerza pública debe exigirse el cumplimiento del Protocolo de Minnesota, en el cual se establecen todos los procedimientos relacionados con el manejo del cadáver: se incluyen las experticias y actuaciones correspondientes, en procura de la búsqueda de garantías de la imparcialidad de los funcionarios actuantes y de la autenticidad de todas las evidencias físicas.

“El cuerpo es el que finalmente va a revelar lo que realmente sucedió; de allí la importancia de su preservación y riguroso examen forense”, finalizó Ávila.

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