Fueron 1.739 homicidios los que se registraron en el Área Metropolitana de Caracas entre los meses de mayo de 2017 y 2018 y el Estado guardó silencio sobre la mayoría. De estas muertes, 651 fueron causadas por la acción de funcionarios de fuerzas estatales. Esta cifra ubica a policías y militares como los responsables de la mayoría de los casos (37,4%), por encima de aquellos provocados por civiles independientes (26,5%) y bandas armadas (22,3%).
Estas son parte de las conclusiones de «Bajo Tierra: Las muertes por parte de organismos públicos y el aumento de muertes violentas en Caracas«, un informe que tiene como base las estadísticas registradas por Monitor de Víctimas, proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive para recolectar información diaria sobre el número y naturaleza de las muertes violentas en Caracas, mediante la participación ciudadana y el periodismo de investigación. La Red de Activismo e Investigación por la Convivencia también participó en la elaboración del documento.
La idea de Monitor de Víctimas nace en el contexto de una Venezuela que hoy presenta la tasa de homicidios más alta de América Latina. En respuesta, el Estado ha desplegado operativos policiales militarizados que tienen una larga tradición de denuncia por criminalizar a los sectores excluidos y contribuir de manera fundamental al incremento de la violencia armada en el país, señala el informe.
«Adicionalmente, las autoridades responsables se han negado a suministrar la información referente al número detallado y características de los homicidios u otros actos delictivos, debido a que consideran que esta información sería utilizada para perjudicar la gestión gubernamental. Esta ausencia de datos oficiales sólo aumenta la incertidumbre, promueve el pánico social y dificulta la formulación de políticas públicas eficaces», señala.
La recolección de la data de Monitor de Víctimas se logra mediante la visita de periodistas a las principales morgues de la ciudad, donde entrevistan a diversas fuentes como policías o familiares de las víctimas que conocen del suceso. Así se logra describir, detallar y contabilizar cada muerte violenta, generando conocimiento y evidencias que permitan guiar la formulación de políticas de seguridad más efectivas.
La cifra recabada por Monitor de Víctimas durante sus primeros 13 meses de recolección de datos y la elevada proporción de las muertes en manos de funcionarios de las fuerzas policiales y militares del país coincide con hechos reportados por fuentes como el Ministerio Público y organizaciones civiles como PROVEA, CECODAP, Amnistía Internacional, generan una gran inquietud, dado que evidencian un abuso sistemático de la fuerza y una violación de los Derechos Humanos fundamentales por parte de las fuerzas del orden.
Si bien los operativos militarizados tienen una larga tradición y han sido históricamente denunciados por contribuir a incrementar la violencia estatal y las víctimas de las fuerzas del Estado, estos han sido en la práctica la política pública implementada para lidiar con el problema de la criminalidad en Venezuela. Además de conocidamente ineficaces, han contribuido significativamente a incrementar el número de muertes violentas, como se ha evidenciado desde el lanzamiento de los “Operativos de Liberación del Pueblo” y la acción de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. El número de víctimas producto de la acción letal de la fuerzas policiales alcanzado en los últimos años no tiene precedentes en el país.
Los operativos militarizados para enfrentar la criminalidad urbana en la región son conocidas como políticas de mano dura e implican una lógica bélica; abordajes masivos y armados en barrios y la identificación de un enemigo que debe ser eliminado por la fuerza. Si bien estas lógicas prácticas articuladas en estas políticas se han implementado anteriormente en Venezuela y en Latinoamérica, sus resultados han sido trágicamente contraproducentes. La preeminencia de estas políticas revela la renuncia a los intentos por consolidar organismos de seguridad eficaces y respetuosos de los derechos humanos y de las garantías democráticas. Las acciones militarizadas que conllevan Va ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales demuestran que el Estado no sólo no cumple sus funciones como garante fundamental de los Derechos humanos, si no que se ha constituido él mismo en agente de violaciones sistemáticas de los más básicos derechos de la población como lo es el Derecho a la Vida y la Integridad Personal. Los datos recolectados y sistematizados por el Monitor de Víctimas constituyen un testimonio más para esclarecer las consecuencias fatales que tienen actualmente este tipo de políticas y su responsabilidad en el aumento de la violencia armada y letal en el país.
En este informe se analizan primeramente la distribución geográfica y los contextos donde se registraron las muertes violentas. El 64,1% de las muertes reportadas sucedieron en el municipio Libertador; el 28% en el municipio Sucre, y otro 7,8% se reparte entre Baruta, Chacao y El Hatillo. Estas proporciones se mantienen de forma similar en los 651 registros de muertes ocasionadas por las Fuerzas del Estado: el 66,5% municipio Libertador, 26,1% municipio Sucre, y 9% en los municipios de Baruta, Chacao y el Hatillo.
Las tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes más elevadas se registraron en parroquias ubicadas en el municipio Sucre y Libertador, siendo las cinco parroquias con las tasas más altas: Coche, El Junquito, Filas de Mariche, Macarao y Antímano. Las tasas más elevadas de muertes violentas atribuidas a cuerpos policiales o militares se verificaron en: Coche, Santa Rosalía, San Juan, San Agustín, y el Valle. Estas parroquias se ubican en zonas más céntricas en comparación a las parroquias con las tasas totales más altas, sin embargo, también se caracterizan por poseer poblaciones pobres y de bajos recursos.
Estos datos revelan que las fuerzas del orden tienden a ejercer un uso desproporcionado de la fuerza sobre la población más vulnerable de la ciudad, en especial sobre aquellas que habitan en zonas céntricas. Entre estas destaca el caso de Santa Rosalía, donde se ubica el barrio Los Sin Techos, La Cota 905 y varios barrios conectados en su zona alta y ubicados en la zona de El Cementerio, donde se llevaron a cabo las primeras OLP y se reportaron múltiples redadas con un alto número de fallecidos.
En algunas parroquias las fuerzas del orden son responsables de más de la mitad de las muertes violentas que allí suceden. En la parroquia El Paraíso, la proporción de víctimas de muertes violentas atribuidas a las fuerzas del orden es el 61% del total de muertes violentas, y en Santa Rosalía, el 57%. Y este es el también caso de Altagracia, San Agustín, La Dolorita y Leoncio Martínez.
Destaca a su vez que la vía pública y las viviendas de las víctimas son los lugares más comunes donde se llevan a cabo las muertes violentas. Llama poderosamente la atención que el 60% de las muertes perpetradas en las viviendas fueron llevadas a cabo por las fuerzas del orden, lo cual podría estar revelando un uso abusivo de la autoridad para acceder y violentar los espacios privados de los habitantes donde se hayan con mayor vulnerabilidad.
Asimismo, otro hallazgo fundamental constituye que se evidenció un perfil de víctimas particular, que diferencia a las que fallecen a manos de las autoridades, de las que mueren por acciones de victimarios civiles: La edad promedio de las víctimas de las fuerzas del orden es de 25 años; en contraste con la edad promedio de 29 años de las víctimas de la totalidad de los casos registrados. Se trata pues de víctimas más jóvenes y en evidencia más vulnerables. El perfil de las víctimas de las fuerzas del orden: se trata de civiles varones con una edad promedio de 25 años, con un nivel educativo de educación primaria o media. A su vez ejercen oficios como obrero, comerciante, moto taxista o estarían desempleados, viviendo como ya se dijo en parroquias céntricas de la ciudad como Santa Rosalía, El Paraíso, San juan El Valle o San Agustín. Esto revela que las víctimas de las fuerzas del orden son principalmente hombres jóvenes de sectores excluidos, sin educación superior, que ejercen trabajos informales inestables o están desempleados. Lo cual implica un patrón de discriminación hacia los sectores más pobres y vulnerables de la ciudad.
Por el otro lado, los datos revelan que los cuerpos policiales responsables del 88,8% de las 651 muertes de este tipo, fueron la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). La proporción de muertes atribuidas a estos cuerpos es sumamente alarmante, dado que la creación de la Policía Nacional Bolivariana se remonta a la voluntad de subsanar la histórica tendencia a violentar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales en el país y el CICPC, tal como ha sido reiteradamente señalado, debería estar dedicado únicamente a labores de investigación, no a patrullaje ni a enfrentamientos de ningún tipo.
Los tres principales móviles que aglutinan las mayores ocurrencias de las muertes violentas constituyen, en primer lugar el robo, es el móvil de 20,5% del total de muertes. Ahora bien, en segundo y tercer lugar, los móviles de las muertes se derivan de la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden: en las entrevistas se recogió que el 17,5% de los casos se atribuyó a resistencia a la autoridad y en un 17,3% de los casos, el informante atribuyó a una ejecución extrajudicial. En este sentido, de nuevo se evidencia que la interacción con funcionarios policiales puede resultar letal en este país; dicho de otra manera: mas de la tercera parte de las muertes violentas se debe a la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden, lo cual es un poderoso indicio de que las autoridades están abusando de la fuerza.
En la gran mayoría de los casos las muertes fueron perpetradas con armas cortas. A su vez, en el 90,9% en los casos en los que los responsables fueron agentes de las fuerzas del orden, se utilizó un arma de fuego corta, concordando con el patrón general de muertes violentas halladas en los datos. También destacan 33 casos realizados con armas largas y siete con granadas. Sin duda, el hecho de que haya civiles con acceso a este tipo de armamento, y que las fuerzas de seguridad las estén usando en contra de la población civil, habla de un uso desproporcionado de la fuerza acompañado de un descontrol de los recursos militares que posee el Estado.
Los datos aquí recolectados constituyen un potente indicio para sostener que los funcionarios de las fuerzas del orden están transgrediendo los límites que la ley les impone, abusando de la fuerza y de su autoridad. La fuerza letal estaría siendo sistemáticamente parte de las estrategias desplegadas por los agentes policiales para reclamar legitimidad y asegurar su autoridad en un contexto de colapso económico; hiperinflación; escasez de alimentos y medicinas, así como colapso de los servicios urbanos. Estas evidencias indican que en los últimos años las fuerzas estadales se han constituido en entes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos de forma impune. Los datos y el análisis presentado, develan a la policía venezolana como una de las más letales del planeta, realizando una matanza sistemática en los sectores excluidos de la sociedad. Estos hallazgos deben llamar la atención para suspender la línea de políticas militarizadas o de “mano dura” bajo la cual se vienen realizando las invasiones masivas a los barrios de la ciudad en medio de las cuales se cometen estos graves atropellos.
Estos hallazgos son también un llamado para asumir políticas de seguridad ciudadana eficaces y al mismo tiempo respetuosas de los derechos humanos y las garantías democráticas. Estas políticas deberían estar dirigidas hacia la transformación urbana, la creación de oportunidades de inclusión juvenil, el control de armas, el marcaje de municiones y la formación de una policía que use una mano inteligente en vez de una mano dura, por medio del uso de datos, la investigación policial y evidencia para dar prioridad y reducir los crímenes más graves como los homicidios.
