El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes surgió a raíz de las protestas antigubernamentales en 2014
@franzambranor
En 2014, Venezuela era un hervidero, protestas en todos los rincones del país contra el gobierno de Nicolás Maduro. De las 43 personas asesinadas en las manifestaciones, cuatro fueron en el estado Mérida. La entidad registró decenas de heridos, algunos de bala y cientos de detenidos.
En medio de esta coyuntura, el 17 de marzo el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes creó el Observatorio de Derechos Humanos (ODH-ULA) a fin de documentar y denunciar la desproporcionada represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra la ciudadanía, especialmente a universitarios. La respuesta de los funcionarios también supuso violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica.
Mayda Hocevar, directora del Observatorio, dijo que antes del inicio de las protestas el 12 de febrero de 2014, ya la comunidad universitaria estaba afligida por el asesinato del estudiante, Héctor Moreno a manos de delincuentes en la madrugada del 5 de enero. La muerte de Moreno aunada a la situación de escasez, inflación y altos índices de inseguridad hicieron que Mérida se uniera a las protestas a nivel nacional.
¿Cómo ha sido el transitar de la organización hasta el presente?
Mayda Hocevar: Desde entonces, la situación ha empeorado en todos los sentidos. En 2017 hubo un nuevo episodio de protestas ciudadanas, en medio de un contexto mucho más complejo: la emergencia humanitaria. Durante estas protestas, la comunidad universitaria fue afectada con asesinatos, detenciones arbitrarias, uso de la justicia militar contra civiles, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Después de la imposición de la asamblea nacional constituyente muchos líderes estudiantiles se vieron forzados a huir del país de modo que las protestas han disminuido. La situación de la universidad ha empeorado y se encuentra básicamente paralizada, ello significa el declive de la investigación científica, fuga de cerebros, y atraso tecnológico del país.
¿Qué servicios ofrecen la organización y en qué áreas se desempeñan?
MH: Nosotros hacemos documentación y monitoreo de violaciones de derechos humanos, educamos a la gente en esta materia, brindamos asesoría gratuita y hacemos litigio estratégico. Somos un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Además contamos con un grupo de 20 voluntarios.
¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas a las que atienden?
MH: La mayoría tiene temor a denunciar. Ignorancia de sus derechos e inseguridad de las posibilidades de obtener resultados. Desconfianza en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos por la lentitud y aparente falta de efectividad.
¿Cuentan con alianzas estratégicas?
MH: Tenemos nexos con organizaciones de la región articulados en la Red Andina de Derechos Humanos y con organizaciones a nivel nacional afiliados a diversas redes. Operamos principalmente en Mérida, pero observamos también los estados Táchira y Trujillo.
¿Cuáles son los mayores retos de la organización?
MH: Operar en un contexto no democrático, agravado por el confinamiento por el Covid-19, con severas fallas en los servicios públicos, de comunicaciones y de movilidad, restricciones y limitaciones financieras de la universidad.
¿Un caso emblemático?
MH: El asesinato de Wuilderman Paredes a manos de efectivos de la Policia Nacional Bolivariana el pasado 8 de junio de 2019, en el marco de una cola para echar gasolina en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina. También acompañamos a Gerardo y Luis Paredes, primos de la víctima y heridos en este mismo contexto. El jueves 22 de octubre de este año, el juez del Tribunal Penal de Juicio Nro. 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodriguez dictó sentencia. De los seis efectivos implicados en el hecho, solo Luis Gerardo Vargas fue condenado a 18 años de prisión. Los otros cinco fueron absueltos.
También atendimos el caso de Carlos Varón y Ricardo Prieto, bomberos de Mérida detenidos por hacer un video satírico, donde mencionan el nombre de Maduro y el de 22 personas que perdieron total o parcialmente la vista por disparos a los ojos de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017.
