LAS ORGANIZACIONES PROGRAMA VENEZOLANO de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Proiuris; Centro de Justicia y Paz; Comisión Internacional de Juristas y Transparencia Venezuela, participaron este martes en la audiencia sobre “Situación de la Institucionalidad Democrática en Venezuela”, convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 165° período ordinario de sesiones que se celebra en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En este espacio, Provea presentó su informe especial sobre la ruta tomada por el gobierno de Nicolás Maduro para convertirse en una dictadura, que erosionó la institucionalidad democrática en el país y extinguió el Estado de Derecho. Este informe, titulado “La ruta hacía la dictadura”, describe las medidas y acciones tomadas por el gobierno de Maduro para cerrar los espacios democráticos en el país y suspender -de forma irrita e inconstitucional-, el derecho al sufragio; la manifestación y reunión pacíficas y amenazar severamente el derecho a la libre expresión. Este trabajo sirvió además de encarte especial de nuestro Informe Anual 2016.

Desde octubre del año 2016 Provea decidió calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura del Siglo XXI”, cuyo referente inmediatamente anterior es el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, entre los años 1990 y 2000.

ODH-ULA expuso erosión de la libertad académica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los defensores de Derechos Humanos presentaron ante la CIDH la problemática de las universidades en el país que refleja la erosión progresiva de las bases de la autonomía universitaria y la libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro se dedica sistemáticamente y de manera deliberada a colocar la educación superior al servicio de un proyecto ideológico, situación constante desde el año 2003.

Dijo que con esa política las consecuencias son, entre muchas otras, la suspensión de las elecciones de autoridades universitarias y estudiantiles, con el fin de resaltar la ilegitimidad de las mismas que tienen su período vencido para imponer a dedo nuevas figuras, como ya ocurrió en la Universidad Simón Bolívar (USB) e intentan hacerlo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Hocevar resaltó que suman ya 43 las sentencias dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales obstaculizan la realización de elecciones, dándole argumento al gobierno para nombrar nuevas autoridades afectas a su corriente política.

Por otra parte, recordó que la erosión a la autonomía universitaria se traduce en una institucionalidad paralela que no es autónoma y ejerce políticas discriminatorias hacia quienes expresan una posición crítica, así como en la imposición de normativas, reglas y sentencias judiciales que desconocen la autonomía universitaria.

La baja calidad de la educación, la inseguridad jurídica que reina en el entorno del sector universitario y las políticas de discriminación, acoso y persecución hacia profesores y estudiantes universitarios que expresan sus opiniones críticas, fueron otros aspectos que expusieron David Gamboa y Mayda Hocevar en la audiencia del 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte David Gamboa, de LUZ, exigió el cese de cualquier práctica del Estado dirigida a erosionar la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos vinculados al ámbito universitario.

Manifestó que la relación de la libertad académica y la democracia es consustancial, por lo que resaltó que en Venezuela el libre pensamiento está bajo amenaza, lo que es incompatible con la democracia.

*Con información de Prensa ODH-ULA