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Apagones atentan contra la calidad de vida de los merideños

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LA COTIDIANIDAD DE LOS merideños se ha visto alterada desde el jueves 7 de marzo cuando se inició el primer apagón, que sumó más de 110 horas continuas  sin servicio eléctrico en la entidad andina. Una cadena de acontecimientos generó la falta de electricidad, cuyas consecuencias aún se contabilizan. La ciudad de Mérida, así como poblaciones adyacentes, registraron durante esos días saqueos, disturbios, emergencias médicas y otras situaciones que desbordaron las barreras de control de los cuerpos de seguridad del estado.

Las pocas informaciones que circulaban daban cuenta de saqueos en los comercios ubicados en el centro de Mérida, capital del estado, así como focos de disturbios en las principales arterias viales de la ciudad. En la zona panamericana, específicamente en la población de Torondoy, se reportó un muerto y varios heridos cuando unas 300 personas fueron reprimidas por la Guardia Nacional. Aparentemente, los manifestantes protagonizaron disturbios en esa zona limítrofe entre los estados Mérida y Zulia. Según reportes periodísticos, unas 350 personas intentaron saquear una sede bancaria y varias farmacias en la zona, situación que fue repelida por los cuerpos de seguridad, cuyo saldo, además del fallecido y varios heridos, fue de decenas de personas detenidas.

Por otro lado, según datos emanados de la Corporación de Salud de Mérida (Corposalud), dos personas habrían fallecido producto del apagón. Un lactante de dos meses murió en el Ambulatorio de Los Curos (municipio Libertador) por problemas bronco respiratorios  debido a que no pudo ser atendido oportunamente. El otro fallecimiento ocurrió en la población de Bailadores (municipio Rivas Dávila) donde, debido a la falta de electricidad, no pudo realizarse una sesión de diálisis. En Mérida, los enfermos renales debieron ingeniárselas y acudir a clínicas privadas para realizarse los tratamientos por cuanto el sector público no pudo responder al servicio durante el mega apagón. Caso digno de resaltar fue el de la población de Tovar, donde la Unidad de Diálisis del Hospital Urbano tipo II pudo funcionar durante esos días gracias a la colaboración de la sociedad civil. La empresa pública y privada logró activar, con plantas eléctricas, la Unidad de Diálisis de Tovar (municipio Tovar) para atender cerca de 50 pacientes que debían cumplir con sus sesiones de hemodiálisis.

Un aspecto importante, emanado de un informe situacional de la contingencia eléctrica elaborado por Corposalud, es que días previos se había informado al Ministerio del Poder Popular para la Salud que varios centros hospitalarios no contaban con plantas eléctricas porque estaban dañadas. “Para el momento del corte del fluido eléctrico se pudieron solventar situaciones en todos los hospitales a través del apoyo de las comunidades, así como acciones propias de los directores de esos hospitales con préstamos de plantas particulares o arreglos caseros”, reza el informe.

Además del sector salud, donde muchas emergencias e intervenciones quirúrgicas no pudieron ser atendidas, el gremio agropecuario informó sobre las graves consecuencias en la producción debido al apagón. El presidente del Instituto Merideño para el Desarrollo Rural, Rafael Araque, denunció que hubo inconvenientes con la carne y la leche por la falta de refrigeración y transporte. Explicó que 30% de la producción láctea diaria se perdió, lo que significó que más de 30 mil litros de leche se perdieron diariamente durante esos días. De igual manera, señaló el funcionario que en el ramo agrícola también hubo inconvenientes en la distribución por la falta de combustible, además de la inseguridad para el traslado.

A la par, los merideños debieron hacer inmensas colas para comprar alimentos en establecimientos que, en muchos casos, sólo aceptaban dinero en efectivo. La falta de electricidad también afectó el pago a través de puntos de ventas, pues a pesar del uso de plantas eléctricas no había línea para operarlos. Las inmensas colas también se observaron en las bombas de gasolina, donde los ciudadanos pasaron horas y hasta días para poder surtir de combustible sus vehículos.

Mérida en medio de saqueos y protestas

La primera noche del apagón, es decir el jueves 7 de marzo, la ciudad capital del estado Mérida fue escenario de disturbios y saqueos. Varios locales del centro fueron saqueados, mientras que a una farmacia, ubicada en el Centro Comercial Plaza Mayor, le fue hurtada la totalidad de su mercancía y destruida parte de su estructura.

En otro hecho, la sucursal del Banco Bicentenario, ubicada en el sector Glorias Patrias en Mérida, fue asaltada por un grupo de encapuchados, quienes violentaron las puertas e ingresaron a pleno día, sacaron las cajas de billetes del viejo cono monetario y los esparcieron por las calles de esa zona. Por este hecho no hubo detenidos, pero días después se seguían observando los billetes en las calles.

El reporte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes indica que entre el 7 y 13 de marzo se registraron en la ciudad de Mérida unas 100 protestas que fueron repelidas fuertemente por la Guardia Nacional y la Policía del estado. Los sectores donde se presentó el mayor número de protestas fueron: El Campito, Avenida 16 de Septiembre, Santa Juana, Residencias Monseñor Chacón, Río Arriba, El Rodeo y Glorias Patrias. El informe también da cuenta de 23 detenciones durante los acontecimientos.

Según el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida, Gustavo Páez, el corte eléctrico de aproximadamente cinco días acontecido en el estado Mérida y en general en Venezuela, no es más que una muestra de parte de la violencia estructural que están viviendo los venezolanos. “Entendiendo como violencia estructural a todo el conjunto progresivo de políticas públicas adoptadas a escala macro, por parte del Estado, que no dependen ni pueden ser controladas por los individuos, familias y comunidades, y que han generado privaciones y daños en la calidad de vida de la sociedad venezolana, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud e incluso a la vida”, explicó Páez.

Señaló el representante del OVV Mérida, que esa violencia estructural se manifiesta en aquellas políticas públicas erradas, diseñadas y ejecutadas por el Estado, que van en contra de mejorar la calidad de vida de la población, así como en las que por distintas razones como desidia, negligencia, desinterés, ineptitud o premeditación por parte del mismo, se han dejado de poner en práctica, ocasionando el abandono y deterioro del buen funcionamiento de distintos ámbitos, tales como: servicios básicos, telecomunicaciones, red de centros de salud, entre muchos otros.

A criterio de Páez, son innumerables las labores diarias que en una sociedad moderna dependen de la energía eléctrica y del buen funcionamiento del sistema que, al fallar por un tiempo tan prolongado, no solo puede ocasionar pérdidas como, por ejemplo, de alimentos que requieren refrigeración, sino producir daños y pérdidas mucho más graves como el fallecimiento de personas hospitalizadas en centros de salud. “Esto se corrobora al mencionar que en el país, durante esos días, al menos fallecieron 26 personas cuando, por efectos del corte de electricidad, máquinas de respiración artificial, incubadoras y ascensores que son necesarios para trasladar a los pacientes a las salas de operación, dejaron de funcionar”, enfatizó.

 

Observatorio Venezolano de la Violencia

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