¿Qué caminos le quedan a Colombia ante la crisis con Venezuela?

Francisco Barbosa / El Tiempo (Colombia)

La inmisericorde acción venezolana contra cientos de colombianos en la frontera ha alterado la geometría regional. En las dos últimas semanas, los dos gobiernos han subido el tono. El colombiano ante la defensa de sus connacionales expulsados de territorio venezolano de forma masiva y sin debido proceso alguno. Los venezolanos, ante la reacción colombiana que ha llevado a Nicolás Maduro a amenazar al Estado colombiano de continuar con acciones similares.

Desde el mismo momento de la crisis, Colombia inició una serie de gestiones internacionales para frenar el éxodo de colombianos o, por lo menos, para armonizar el desplazamiento de población en el marco del debido proceso. Sin embargo, los caminos se han ido cerrando con el paso de los días y las soluciones temporales parecen hoy el único plan estratégico del gobierno nacional.

Tanto el Procurador como el Fiscal General han avanzado hipótesis acerca de una demanda ante la Corte Penal Internacional- CPI- que con el transcurso de los días se ha venido decantando y desinflando.

La pregunta que se hacen los ciudadanos frente a esta crisis es si existen caminos para lograr una salida a la luz del derecho internacional o, si por el contrario, los espacios diplomáticos desaparecieron. Frente a esto, vale la pena explicar las cinco hipótesis que se han puesto en la mesa.

En primer término, el gobierno colombiano trató de llevar el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese escenario, Colombia ni siquiera pudo hacer aprobar, a través de su Consejo Permanente, una resolución para discutir la grave crisis humanitaria derivada de las deportaciones arbitrarias y masivas de más de 2.000 colombianos expulsados por parte de un Estado que ha hecho trizas los derechos fundamentales y el respeto por la democracia en su propio país. El premio de consolación fue la visita del secretario general de esa organización, Luis Almagro, a la frontera. Así como llegó, se fue.

Un segundo camino es la de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese escenario debe recordarse que Colombia, en el caso de la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consideró que esas medidas no eran vinculantes por su carácter reglamentario y no convencional. Curioso que sea el mismo Procurador General, quien las promueva, cuando invocaba la Constitución Política como fuente principal de derecho excluyendo cualquier medida cautelar. Igual debe añadirse que Venezuela denunció la Convención Americana de DDHH y aunque la Comisión Interamericana de DDHH tiene competencia para conocer de casos contra ese país y de emitir medidas cautelares, el acatamiento de este órgano por parte de ese país es nulo.

Un tercer aspecto se dio con el noticia de una denuncia contra las autoridades venezolanas ante la CPI. En ese caso, aunque es posible presentar la queja, debe indicarse que existen dos razones para pensar en un fracaso diplomático.

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La inmisericorde acción venezolana contra cientos de colombianos en la frontera ha alterado la geometría regional. En las dos últimas semanas, los dos gobiernos han subido el tono. El colombiano ante la defensa de sus connacionales expulsados de territorio venezolano de forma masiva y sin debido proceso alguno. Los venezolanos, ante la reacción colombiana que ha llevado a Nicolás Maduro a amenazar al Estado colombiano de continuar con acciones similares.

Desde el mismo momento de la crisis, Colombia inició una serie de gestiones internacionales para frenar el éxodo de colombianos o, por lo menos, para armonizar el desplazamiento de población en el marco del debido proceso. Sin embargo, los caminos se han ido cerrando con el paso de los días y las soluciones temporales parecen hoy el único plan estratégico del gobierno nacional.

Tanto el Procurador como el Fiscal General han avanzado hipótesis acerca de una demanda ante la Corte Penal Internacional- CPI- que con el transcurso de los días se ha venido decantando y desinflando.

La pregunta que se hacen los ciudadanos frente a esta crisis es si existen caminos para lograr una salida a la luz del derecho internacional o, si por el contrario, los espacios diplomáticos desaparecieron. Frente a esto, vale la pena explicar las cinco hipótesis que se han puesto en la mesa.

En primer término, el gobierno colombiano trató de llevar el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese escenario, Colombia ni siquiera pudo hacer aprobar, a través de su Consejo Permanente, una resolución para discutir la grave crisis humanitaria derivada de las deportaciones arbitrarias y masivas de más de 2.000 colombianos expulsados por parte de un Estado que ha hecho trizas los derechos fundamentales y el respeto por la democracia en su propio país. El premio de consolación fue la visita del secretario general de esa organización, Luis Almagro, a la frontera. Así como llegó, se fue.

Un segundo camino es la de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese escenario debe recordarse que Colombia, en el caso de la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consideró que esas medidas no eran vinculantes por su carácter reglamentario y no convencional. Curioso que sea el mismo Procurador General, quien las promueva, cuando invocaba la Constitución Política como fuente principal de derecho excluyendo cualquier medida cautelar. Igual debe añadirse que Venezuela denunció la Convención Americana de DDHH y aunque la Comisión Interamericana de DDHH tiene competencia para conocer de casos contra ese país y de emitir medidas cautelares, el acatamiento de este órgano por parte de ese país es nulo.

Un tercer aspecto se dio con el noticia de una denuncia contra las autoridades venezolanas ante la CPI. En ese caso, aunque es posible presentar la queja, debe indicarse que existen dos razones para pensar en un fracaso diplomático.

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