Denunciaron la detención arbitraria y parcial de la activista de ONG Lidera, María Fernanda Rodríguez
Aseguraron que alrededor de 90 ONG rechazaron la normativa emanada de la AN oficialista
Alertaron que con multas que van de 3 a 12 mil dólares persiguen aniquilar a las organizaciones
La rueda de prensa de los representantes de la ONG a propósito de la nueva Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de estas, además de la visita a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, comenzó con la noticia de que María Fernanda Rodríguez de la ONG Lidera había sido detenida arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado.
“Una compañera fue detenida en la Universidad Metropolitana…ella estuvo ayer en la reunión que sostuvieron representantes de la ONG con el Alto Comisionado de la ONU”, dijo Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
“Es inaceptable que existan actos de represalia, es grave que está situación pase en medio de la visita de Türk”, añadió Andrea Santacruz de Civilis.
“Si eso lo hacen con ese señor de visita en Caracas, imaginen lo que hacen aguas abajo”, sostuvo Lexys Rondón de Laboratorio de Paz.
Horas después se conoció que Rodríguez había sido liberada luego de estar en manos de miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A propósito del proyecto de ley apadrinado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, Rondón sostuvo que este no solo perjudica a las ONG sino también a la sociedad en general.
“Esta no es una ley contra las ONG, esto es solo la punta del iceberg, aquí lo que se quiere es controlar toda asociación colectiva. El derecho asociativo es innato”, indicó Rondón.
Rondón añadió que la ley coarta el derecho a la libre reunión.
“Nadie va a poder reunirse según esta ley, esta es una ley que pretende acabar con la solidaridad de las personas, pedimos a la comunidad que se organice para rechazarla, esto va a significar la eliminación de una sociedad civil independiente”, añadió.
Casi 100 la rechazaron
Santacruz expresó que alrededor de 90 ONG firmaron una declaración conjunta rechazando el proyecto de ley que fue discutido en la Asamblea Nacional de tendencia oficialista.
“Esta es una ley que busca inhibir. El fin de este reglamento es controlar la acción política. Va contra la libertad de expresión, significa el control absoluto de las leyes del país”, sostuvo Santacruz.
Daniels de Acceso a la Justicia indicó que el proyecto de ley es improvisado y hasta tiene “gravísimos errores, incluso gramaticales”.
“El proyecto cambió de nombre en tres ocasiones en un mismo día, es algo que hicieron de manera apresurada, es totalitario y significa la intromisión del Estado en cada cosa que hagan las ONG”.
Daniels preciso que el proyecto es contradictorio. “Porque de acuerdo con esto no podemos disfrutar del derecho de asociación, dice que las organizaciones solo pueden reunirse en su jurisdicción”.
El abogado aseveró que el instrumento legal está diseñado con la finalidad de aniquilarlas.
“Cuando te ponen una sanción te anulan, ninguna ONG puede pagar la multa más barata que es de 3 mil dólares y menos la más alta que es de 12”.
Daniels indicó que la ley sugiere la inclusión en la ONG de nuevos miembros sugeridos por instancias gubernamentales.
“Podríamos tener gente infiltrada en las ONG, me pregunto por qué no hacen lo mismo con los colectivos. El derecho de asociación nos incluye a todos. Si la intención era callarnos frente al Alto Comisionado, no lo lograron”.
El director de Acceso a la Justicia manifestó que esta ley pone en riesgo el dinero de la ayuda humanitaria.
“Los donantes tienen mucho cuidado con eso, porque quienes administran los recursos son las ONG”.
Daniels indicó que las ONG son constantemente evaluadas y se rinde cuenta de cada paso que se da.
“Cada cosa que se gasta la justificamos, un Gobierno que tiene 5 años sin rendir cuentas, les dice a las ONG que no somos transparentes”.
El abogado aseveró que el instrumento exige requisitos a las ONG que no existían al momento de haberse constituido.
“Esta es una ley ontológicamente represiva, se hizo para que dejemos de existir, niega la esencia del ser y viola el artículo 21 de la Constitución. Dice que la norma es retroactiva”.
Rondón agregó que la AN chavista propuso una discusión express de la ley en todos los estados.
“Este es un instrumento que va a acabar con la solidaridad de las personas”.
Santacruz sostuvo que las ONG no se quedarán de brazos cruzados.
“Solicitamos la creación de un movimiento de seguimiento de las recomendaciones que haga el Alto Comisionado de la ONU, que vengan relatores de derechos humanos, que se pronuncien sobre las condiciones de las elecciones”.
La defensora de derechos humanos manifestó que los miembros de la ONG en Venezuela alzaran la voz cada vez que sea necesario.
“El espacio público corre un grave peligro, se quiere estigmatizar a las organizaciones y sus miembros, criminalizar el derecho de asociación, el Alto Comisionado de la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance, entre otras cosas, luchar por la liberación del director de Fundaredes, Javier Tarazona. Ese memorando de entendimiento que va a firmar con el Gobierno tiene que ser de dominio público”.
Daniels indicó que el Gobierno sigue con su maquinaria de represión intacta.
“Los crímenes de lesa humanidad tienen una motivación política, el Estado venezolano tiene un patrón de estigmatización contrario a las garantías de derechos humanos”.
El director de Acceso a la Justicia sostuvo que el Gobierno quiere alimentar la tesis de que las ONG en Venezuela poseen una agenda oculta.
“Queriéndonos asociar con manejos dolosos no van a callar nuestra voz, vamos a informar de esta situación a la Corte Penal Internacional. Si tenemos que ir a la Asamblea Nacional chavista, iremos”
