Como un golpe para las víctimas calificó la organización no gubernamental Laboratorio de Paz la reciente renuncia de dos miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los funcionarios Francisco Cox y Patricia Tappatá dejaron sus cargos alegando una crisis presupuestaria que afecta a la ONU.
Con la renuncia de ambos, solo quedó como miembro único de la Misión, la abogada experta en DDHH oriunda de Portugal, Marta Valiñas. El año pasado, el trabajo de investigación de la Misión fue renovado hasta octubre de 2026.
Frente a la mirada de inerte de instituciones como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, Laboratorio de Paz sostuvo que la Misión de Determinación de los Hechos constituye un mecanismo fundamental para la defensa de las víctimas venezolanas por lo que instó a que esta siga activa y obtenga el financiamiento correspondiente.
De acuerdo a ONG, desde su creación en 2019, la Misión “ha permitido visibilizar patrones de represión, identificar cadenas de mando y aportar insumos clave a los esfuerzos de justicia, incluyendo la investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad”.
La ONG informó que pagos tardíos o impagos de las cuotas de países como Estados Unidos y China obligaron al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, a suspender la presentación de informes, talleres y otras actividades.
“El Consejo de Derechos Humanos también ha reducido la duración de sus sesiones, lo que limita el espacio para que Estados, expertos y sociedad civil aborden algunas de las crisis más graves del mundo”, destacaron.
De acuerdo a Laboratorio de Paz, el director ejecutivo del Servicio Internacional de los Derechos Humanos, Phil Lynch, afirmó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibe apenas un 7% del presupuesto ordinario de la ONU y menos del 1 % de su gasto total.
Según Lynch, el recorte tendría consecuencias negativas significativas y desproporcionadas para los derechos de las personas en todo el mundo.
De acuerdo al informe de Laboratorio de Paz se desprende que para junio de 2025, la ONU solo había recibido un 13 % (5.600 millones de dólares) de los 44 000 millones solicitados a finales de 2024 para atender crisis globales.
Con esta crisis, se proyecta que para 2026 se perderán alrededor de 3000 puestos de trabajo.
“No solo el seguimiento al caso venezolano se ve afectado, sino también el de contextos críticos como Gaza, Myanmar y la República Democrática del Congo”, precisaron.
En su comunicado, la ONG manifestó que las limitaciones del trabajo de la Misión no han sido únicamente financieras.
“De manera incomprensible, nunca se logró una verdadera coordinación y complementariedad entre su labor y la de la Oficina del ACNUDH en Venezuela”.
De acuerdo a Laboratorio de Paz, que dos mecanismos de la ONU designados para el mismo país no hayan establecido sinergias ni un plan integral de abordaje, repercutió negativamente en su capacidad de protección a las víctimas.
La organización calificó como “lamentable” que un contexto de recrudecimiento de patrones de desaparición forzada y persecución política, mecanismos internacionales como la Misión enfrenten obstáculos financieros que pongan en riesgo su labor y el derecho a la vida y la libertad de las personas vulnerables.
Según la ONG Laboratorio de Paz, sin organismos internacionales que vigilen los DDHH, será más complicada una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.
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