El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y su Servicio de Atención Jurídica (SAJ) presentaron los resultados del informe de gestión Somos Noticia 2025-2026: El costo de buscar protección, revelando una realidad alarmante: el entorno familiar ha desplazado a las escuelas como el principal foco de agresión contra niños, niñas y adolescentes en el país.
Los datos presentados en rueda de prensa por la organización exponen que entre 2025 y 2026 “se ha incrementado el número de denuncias como las fallas del estado en la protección de las víctimas”.
La abogada Gloriana Faría, coordinadora de la SAJ, precisó que en 2025 el acoso escolar lideró los reportes con 48 casos, seguido del maltrato físico y emocional (45) y el abuso sexual (29), mientras que en 2026 el maltrato intrafamiliar se ubicó en el primer lugar con 49 casos en los primeros nueve meses del año. El abuso sexual está en el segundo puesto (27) y al acoso escolar en el tercero (17).
Hogar como epicentro de violencia
De acuerdo con los datos difundidos por Cecodap, el núcleo familiar compuesto por madre y padre desplazó al entorno escolar como epicentro de la violencia: 37,36 % de los agresores identificados superaron a los compañeros de clase (27,59 %) y al personal educativo (5,75 %). Al sumar a la familia extendida (abuelos, tíos y primos), más del 40 % de las agresiones provienen del propio hogar.
Sobre esta situación, el coordinador y abogado de Cecodap, Carlos Trapani, advirtió que cuando la agresión ocurre a manos de los progenitores “la víctima se ve obligada a convivir diariamente en el mismo espacio donde fue violentada”, cosa que dificulta la denuncia oportuna.
Las mujeres son quienes más sufren agresiones según Cecodap. El 49,19 % de niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años fue el grupo etáreo con mayor incidencia en delitos de abuso sexual, violencia de género y riesgo en entornos digitales (grooming).
En el caso de los varones, 6 de cada 10 eran niños de 6 a 11 años, víctimas principalmente de maltrato en el hogar y acoso escolar.
Familias rotas por migración y separación
En los estudios realizados por cecodap, se repitió la constante de la ausencia de uno de los progenitores bien sea por migración o separación familiar. En 103 de los 302 casos, 44,66 % reportó la ausencia de padre, 30,10 % ausencia de madre y 25,24 % la ausencia de ambos.
Gloriana Faría apuntó que en 2026 las consultas sobre colocación familiar se duplicaron. Abuelas, tías y otros familiares asumen el cuidado, pero chocan con barreras para formalizar la representación legal, inscribir a los niños en la escuela o autorizar una atención médica.
Faría precisó que quienes llegan a pedir ayuda son, sobre todo, mujeres. Madres, abuelas y cuidadoras representaron el 62 % de los adultos atendidos en 2025 y el 61 % en 2026. Para la abogada son ellas quienes sostienen la primera línea del cuidado y de la exigencia de derechos.
Prevención de la violencia
Cecodap publicó también una serie de recomendaciones para prevenir la violencia en niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la organización, es importante que las escuelas y familias trabajen de la mano con los Consejos de Protección, el Ministerio Público y otros servicios de salud para la activación de canales accesibles en la detección temprana de las agresiones.
Consideran igualmente que órganos de protección y servicios públicos deben coordinarse ante cambios de cuidadores o desplazamientos por emergencias, para que se garantice así la continuidad escolar, de salud y de documentación. Otra recomendación apunta a que se reduzcan las cargas del proceso judicial para adolescentes y familias, pues creen que los tribunales especializados, Ministerio Público y la Defensa Pública deben revisar la necesidad y cercanía de las medidas de presentación y considerar tanto los costos económicos como el impacto en la escolaridad
Desde Cecodap exigen al Estado asumir su responsabilidad mediante un seguimiento efectivo y respuestas verificables que pongan fin a la vulneración de los derechos de la infancia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
