En su informe más reciente, publicado este 5 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+ documentó al menos 372 casos de violencia y discriminación contra la comunidad sexodiversa en Venezuela y otros 198 casos entre enero y septiembre de 2026.
La ONG advirtió que la opresión documentada contra la comunidad LGBTIQ+ venezolana fue una continuación del sistema represivo que mantuvo el Gobierno chavista tras las elecciones presidenciales de 2024. Una de las limitantes para la comunidad, según la institución, fue el bloqueo de la red social X (Twitter), donde la comunidad expresaba sus denuncias.
Los datos del 2026, por su parte, la vulnerabilidad de la comunidad sexodiversa recae en un sistema gubernamental que mantiene un sistema que viola los derechos humanos y los terremotos del 24 de junio, que aumentan los riesgos ante poblaciones vulnerables como mujeres, las infancias y la comunidad LGBTIQ+ de sufrir violencia.
La ONG advirtió que existe un subregistro de los casos debido a la opacidad del Gobierno venezolano en ofrecer cifras y protocolos de protección contra la violencia de la comunidad sexodiversa en el país.
El discurso discriminatorio es una constante
La categoría denominada «discurso discriminatorio» marcó la mayoría de los casos en ambos años. La ONG documentó 315 casos en 2025 (84,68 % de ese periodo) y otros 150 casos en lo que va de 2026 (75,76, % del periodo).
La institución destacó a dos victimarios principales de esta clase de violencia: el Gobierno interino venezolano —principalmente liderado por el chavismo bajo el aval de Estados Unidos— y el movimiento «Por la Familia Venezolana», una iniciativa liderada Linda Aguirre de Márquez que promueve la penalización del aborto y el matrimonio civil fuera de las parejas heterosexuales.
En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.
Para el OVV LGBTIQ+ la perpetuación de estos discursos consolida «la discriminación desde espacios con alcance público y debilitan aún más el marco de protección cívica y la penalización social. A esto se le suma la ausencia absoluta de campañas de concientización y prevención de la violencia y discriminación en medios públicos».
En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.
El prejuicio sobre la justicia
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno venezolano —liderado principalmente por el chavismo— comete crímenes de lesa humanidad con agravantes en poblaciones vulnerables como las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
El año 2025 no fue la excepción: el OVV LGBTIQ+ registró la detención arbitraria de cinco personas. Una de ellas, Ysrael Serrano Riera —profesor universitario, investigador, activista— murió bajo custodio del Estado en el Helicoide. Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han ofrecido datos ni declaraciones sobre la casusa de muerte.
Meses después, ya en 2026, el Gobierno interino avalado por Estados Unidos excarceló a cuatro personas de la comunidad LGBTIQ+ consideradas presas políticas. Sin embargo, estos casos no viven con una libertad plena: deben recurrir periódicamente a los tribunales y el Estado, hasta ahora, no ha establecido canales de reparación.
También existen los casos de detenciones arbitrarias para extorsionar a las víctimas. El OVV LGBTIQ+ documentó al menos seis casos en el periodo de 21 meses (cinco en 2025 y uno en 2026).
«Fuerzas de seguridad del Estado retuvieron a estas personas por su orientación sexual, les extorsionaron y amenazaron con revelar su orientación sexual. Adicionalmente, en dos de los casos, les obligaron a contactar a personas conocidas para pedirles dinero», explicó la ONG en su informe.
Instituciones gubernamentales prejuiciosas
Dentro de los casos destacados que reveló el informe están la revictimización y prejuicio de los entes del Estado. Entre ellas están la detención arbitraria de 33 hombres en la ciudad de Barquisimeto que, «de acuerdo con el relato de los afectados, los acusaron de ejercer el delito de la homosexualidad» y el suicidio inducido de una joven activista tras ser discriminada en el sistema de justicia ante una denuncia de violencia basada en género. Ambos casos ocurrieron en 2026.
Para la institución, estos casos documentados «reflejan una impunidad estructural y la ausencia de garantías básicas de debido proceso».
El pasado 6 de noviembre, la ONG denunció un modus operandi de las fuerzas de seguridad del Gobierno chavista: crearse cuentas falsas en app de citas de la comunidad LGBTIQ+, extorsionar a las víctimas con revelar su identidad y exigir sumas de dinero a cambio de su libertar o silencio.
La ONG denuncia que los actos de prejuicio en ambientes cotidianos, como denegar el acceso a una persona de la comunidad LGBTIQ+ o discriminarlo en ambientes laborales y en su búsqueda de empleo se mantienen en Venezuela. En los 21 meses evaluados en el informe se registraron 46 casos como mínimo en distintos contextos y distintos victimarios.
Ante este contexto, la ONG reiteró la necesidad de derogar leyes que restringen el espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación, mitigar los discursos de odio y discriminatorios contra la comunidad LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerables e integrar una respuesta inclusiva durante la emergencia por los terremotos en Venezuela.
