El criminólogo y abogado penalista Luis Izquiel considera que la eliminación de las alcabalas urbanas, anunciada verbalmente, no constituye una solución de fondo a los problemas de corrupción y extorsión atribuidos a funcionarios policiales.
A su juicio, la medida carece de respaldo legal conocido y podría revertirse en cualquier momento.
Izquiel advirtió también a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que los puntos de control ubicados en las carreteras permanecen fuera del alcance de esa medida y que no está claro si la eliminación de las alcabalas se cumple en todas las ciudades del país.
Para el especialista, retirar estos puntos de control no garantiza que desaparezcan las prácticas irregulares, en vista que los funcionarios señalados de cometer delitos podrían ser reasignados a otras tareas sin que exista una depuración institucional.
“La solución es una depuración profunda de los cuerpos de policía, que en el corto plazo, pareciera no estar en agenda en Venezuela del gobierno venezolano”, sostuvo.
Funcionarios vinculados con delitos
Izquiel cuestionó los mecanismos de selección y supervisión de los cuerpos policiales, en particular de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Recordó que la legislación establece como requisito para ejercer funciones policiales no tener antecedentes penales, por lo que considera contradictorio que se recurra a revisiones posteriores para detectar posibles irregularidades.
Batiz mencionó el caso de Cristian Hernández, quien se desempeñó como comisionado antidrogas de la PNB en Anzoátegui y posteriormente fue trasladado a Caracas. Según el periodista Hernández fue vinculado con una investigación por narcotráfico relacionada con alcaldes del estado Zulia.
“Este es uno de los puntos principales problema en la policía, la falta de filtros para ingresar a los cuerpos de policía», afirmó Izquel.
Cantidad sobre la calidad
El abogado penalista sostuvo que el crecimiento de los cuerpos policiales durante los gobiernos de Nicolás Maduro estuvo marcado por una política de incorporación masiva de funcionarios, sin garantías suficientes sobre sus capacidades y antecedentes.
Según sus estimaciones, la PNB podría contar actualmente con unos 80 000 funcionarios, mientras que el total de efectivos policiales en Venezuela rondaría los 15 0000.
Izquiel señaló que el incremento de la nómina policial se hizo especialmente visible a partir de 2012 y que esta expansión no estuvo acompañada de una mejora equivalente en los mecanismos de selección y control.
“Se prefirió la masificación a la calidad”, sentenció.
Ausencia de cifras dificulta conocer criminalidad real
Izquiel advirtió que Venezuela atraviesa un prolongado período de opacidad en materia de estadísticas delictivas. Aseguró que las autoridades no ofrecen información suficiente para conocer la evolución de delitos como robos, secuestros y extorsiones, mientras que las cifras divulgadas sobre algunas reducciones generan dudas.
El criminólogo distinguió entre la criminalidad real, la registrada por las instituciones y la cifra negra u oculta, que comprende los delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades.
“Aquí hay un oscurantismo total desde hace muchísimos años con el tema de las cifras criminales”, afirmó.
También señaló que las encuestas de victimización, útiles para estimar los delitos que no se denuncian, no se realizan en el país desde 2009.
El criminólogo indicó que la desconfianza hacia los cuerpos policiales, la Fiscalía y el sistema de justicia contribuye a que muchas víctimas no acudan a las autoridades.
Control social
Izquiel planteó que el crecimiento de los efectivos policiales durante el gobierno de Maduro pudo responder, además de las necesidades de seguridad, a una estrategia de control social.
En su análisis, la expansión de la PNB no estuvo acompañada de una separación efectiva entre las funciones civiles y militares.
Señaló que distintos responsables de organismos policiales han sido militares activos o retirados, pese al carácter civil que establece la legislación del servicio de policía.
También recordó que las policías estadales de cinco gobernaciones ganadas por la oposición fueron intervenidas después de elecciones.
Crimen organizado puede obstaculizar inversiones
Izquiel advirtió que la presencia de organizaciones criminales en zonas estratégicas del país puede dificultar la llegada de capital extranjero, especialmente en los sectores petrolero y minero.
Mencionó el estado Bolívar, donde persisten grupos delictivos vinculados con la explotación minera ilegal, y el Zulia, donde señaló la presencia de bandas dedicadas a la extorsión y otras actividades criminales.
A propósito de la operación en Bolívar en la que fue abatido Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, indicó que algunos interpretaron el hecho como un posible paso previo a la reorganización de zonas mineras para futuras inversiones.
Sin embargo, advirtió que la presencia de otras bandas y grupos armados sigue representando un obstáculo.
“Eso tiene que ser controlado para que esas inversiones puedan venir acá y fluir sin inconvenientes”, sostuvo.
Posible retorno de migrantes plantea nuevos desafíos
Aunque cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales, Izquiel consideró que la criminalidad ha disminuido en los últimos años. A su juicio, entre los factores que podrían explicar esa tendencia, mencionó la migración venezolana, especialmente la salida de jóvenes de sectores populares.
El especialista advirtió que un eventual retorno de parte de esa población debería ser considerado por las autoridades al diseñar políticas de prevención, debido a la concentración de víctimas y victimarios de determinados delitos violentos en ese grupo demográfico.
Izquiel sostuvo que una transformación efectiva requiere mucho más que retirar alcabalas o aumentar el número de policías.
A su juicio, debe incluir la reestructuración de los cuerpos policiales, el Ministerio Público, los tribunales y las cárceles, además de políticas sociales orientadas a prevenir el delito.
También advirtió sobre las condiciones laborales y salariales de los funcionarios policiales, son poco favorables para atraer personal honesto y capacitado.
“Ninguna organización criminal puede contra un gobierno, contra un Estado decidido a ponerle fin a su actividad criminal”, afirmó.
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