OVP denunció la muerte bajo custodia del Estado de otro privado de libertad

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de bajo custodia del Estado de Carlos Eduardo Padilla por motivos de salud.

De acuerdo con el OVP, Padilla estaba recluido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico y falleció en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza.

La muerte de Padilla ocurre en un penal que actualmente alberga a más de 1.800 personas privadas de libertad, quienes permanecen expuestas a graves deficiencias en materia de salud, higiene y alimentación.

“Estas condiciones no pueden normalizarse ni considerarse consecuencias inevitables de la privación de libertad, sino que evidencian la desidia con la que el Gobierno continúa administrando los centros penitenciarios”, expresó el OVP en un pos publicado en X.

El OVP insistió en que la muerte de Padilla no puede quedar reducida a un nombre en un registro penitenciario. Recalcó que el Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió mientras permanecía bajo su custodia, qué actuaciones se realizaron antes de su fallecimiento y si existieron circunstancias que pudieron evitar este desenlace.

El observatorio exigió una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades si las hubiere.

La organización destacó que cuando una persona entra viva a un centro de reclusión y muere bajo custodia, el silencio institucional no puede ser la única respuesta que reciba su familia.

Ante la falta de actuación efectiva de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, el OVP indicó que seguirá denunciando la situación de los presos políticos ante mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos para que estos hechos sean conocidos, documentados y se impulsen las actuaciones correspondientes.

Las muertes bajo custodia no cesan

El pasado 11 de agosto el OVP denunció la muerte bajo custodia de Anthony Portillo (Tocuyito), Víctor Salgado (Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara), todos en contextos de desatención médica.

Este lunes 24 de agosto, el OVP informó que Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, falleció en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, cuando presentó complicaciones de salud.

Esquivel Fajardo, es el segundo recluso proveniente de este penal que recibía tratamiento de diálisis y que muere en menos de una semana. El primero fue César Enrique Ostos, quien falleció el pasado 19 agosto mientras se dializaba.

En lo que va de 2026, y hasta el pasado mes de julio, el OVP contabilizó 28 fallecidos en custodia del Estado.

El OVP exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas bajo custodia del Estado venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El observatorio exigió una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades si las hubiere
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de bajo custodia del Estado de Carlos Eduardo Padilla por motivos de salud.

De acuerdo con el OVP, Padilla estaba recluido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico y falleció en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza.

La muerte de Padilla ocurre en un penal que actualmente alberga a más de 1.800 personas privadas de libertad, quienes permanecen expuestas a graves deficiencias en materia de salud, higiene y alimentación.

“Estas condiciones no pueden normalizarse ni considerarse consecuencias inevitables de la privación de libertad, sino que evidencian la desidia con la que el Gobierno continúa administrando los centros penitenciarios”, expresó el OVP en un pos publicado en X.

El OVP insistió en que la muerte de Padilla no puede quedar reducida a un nombre en un registro penitenciario. Recalcó que el Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió mientras permanecía bajo su custodia, qué actuaciones se realizaron antes de su fallecimiento y si existieron circunstancias que pudieron evitar este desenlace.

El observatorio exigió una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades si las hubiere.

La organización destacó que cuando una persona entra viva a un centro de reclusión y muere bajo custodia, el silencio institucional no puede ser la única respuesta que reciba su familia.

Ante la falta de actuación efectiva de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, el OVP indicó que seguirá denunciando la situación de los presos políticos ante mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos para que estos hechos sean conocidos, documentados y se impulsen las actuaciones correspondientes.

Las muertes bajo custodia no cesan

El pasado 11 de agosto el OVP denunció la muerte bajo custodia de Anthony Portillo (Tocuyito), Víctor Salgado (Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara), todos en contextos de desatención médica.

Este lunes 24 de agosto, el OVP informó que Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, falleció en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, cuando presentó complicaciones de salud.

Esquivel Fajardo, es el segundo recluso proveniente de este penal que recibía tratamiento de diálisis y que muere en menos de una semana. El primero fue César Enrique Ostos, quien falleció el pasado 19 agosto mientras se dializaba.

En lo que va de 2026, y hasta el pasado mes de julio, el OVP contabilizó 28 fallecidos en custodia del Estado.

El OVP exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas bajo custodia del Estado venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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